Cuatro ministros de Petro a debate de control político por construcción de un complejo militar en Gorgona

El miércoles 24 de abril, en horas de la mañana, se llevará a cabo un importante debate de control político en la Comisión Primera, evento que estará liderado por el representante liberal Juan Carlos Losada.

Este debate contará con la presencia de funcionarios gubernamentales, entre ellos, la ministra del Medio Ambiente, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Relaciones Exteriores, así como el director de Parques Nacionales y el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

El propósito central de este debate es esclarecer si un proyecto de índole militar, el cual está siendo cuestionado, debe ser competencia del sector de defensa en exclusiva, o si, por el contrario, debería involucrar también a los sectores encargados de gestionar el ambiente y el turismo en el país.

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Y es que, la propuesta de erigir un complejo militar en la isla de Gorgona ha desencadenado intensas discusiones dentro de la Cámara de Representantes. Por un lado, un conjunto de miembros argumenta a favor de la necesidad de esta construcción, sosteniendo que es imprescindible para ciertos objetivos estratégicos. Por otro lado, existe un grupo que expresa fuertes reservas respecto a esta iniciativa, señalando que tal proyecto podría representar una amenaza significativa para el valioso ecosistema presente en el parque natural que caracteriza a la isla.

De hecho, uno de los congresistas que cuestiona dicha iniciativa es el citante del debate de control político representante Juan Carlos Losada, quien sobre esto comentó que: “Permitir la construcción de una estación de guardacostas en Gorgona es priorizar este lugar como un centro de operaciones militares, y no como un santuario natural que presta servicios ecosistémicos y ambientales invaluables para el país y los habitantes de la región del pacífico este tropical”.

Actualmente, las intervenciones que se están llevando a cabo en Gorgona están siendo dirigidas por el sector de defensa, específicamente bajo la supervisión del Ministerio de Defensa.

Aunque se ha mencionado recientemente que estas obras buscan también mejorar la infraestructura destinada a los visitantes del parque y a los guardaparques de Parques Nacionales Naturales, además de fomentar la inversión en ciencia y turismo, el congresista que ha convocado a este tema sostiene que estas acciones son en realidad el resultado secundario de un proyecto cuyo fin primordial es la seguridad nacional.

En relación con el tema el Tribunal Superior de Bogotá detuvo la autorización concedida a la Armada Nacional para proseguir con la construcción del proyecto. La decisión se basó en la vulneración del derecho de las comunidades a ser consultadas previamente, a la vez que se ignoraba la existencia de pueblos indígenas y comunidades negras en dicha área.

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, comunicó que ha podido exponer la manera en que el Gobierno Nacional ha establecido un diálogo constante acerca de este proyecto durante más de un año. Además, anunció que se realizará la consulta previa necesaria el próximo 27 de abril.

De acuerdo con la Cámara de Representantes, diversos sectores concuerdan en la necesidad de que, si las obras continúan, se implementen estrategias para reducir al mínimo su impacto ambiental. Por otro lado, el representante convocante enfatiza que el Gobierno Nacional debería detener el proyecto y considerar su reubicación en otra zona de la costa pacífica de Colombia, acompañando esta decisión con iniciativas que den prioridad a la preservación del ambiente.

En el debate también participarán miembros de la sociedad civil, especialistas y líderes de las comunidades que se verían afectadas por el proyecto.

Juan Carlos Lozada sobre la situación realizó algunas publicaciones en su cuenta de X, en una de estas dijo que: “En el proceso para militarizar el #PNNGorgona, además de no tener en cuenta la opinión de las comunidades, existe una negativa sistemática por parte del Gobierno Nacional frente al a existencia e influencia de las comunidades étnicas que tienen asentamiento en la zona”.