El Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc habrían hallado una nueva modalidad de extorsión contra algunos campesinos y dueños de pequeñas fincas en Tolima.
De acuerdo con la denuncia conocida por Caracol Radio, los guerrilleros estarían citando a la comunidad para hacerles exigencias de dinero. Lo insólito del caso es que estos cobros se estarían realizando según la cantidad de hijos que haya en la familia.
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El pretexto de este cobro, según la denuncia, sería para que los hijos no sean reclutados forzosamente por el grupo guerrillero. Las víctimas aseguran que serían montos que rondan los $2 millones por cada integrante del núcleo familiar.
Las intimidaciones a la población de zonas rurales de Tolima por parte del EMC no terminan ahí, puesto que también se han conocido documentos, con los que las disidencias estarían controlando y perfilando a la población. Esto, a través de jornadas de carnetización ilegal, en el que los habitantes deben especificar información de los núcleos familiares, edades, y datos de la vivienda que habitan.
A su vez, comparten un comunicado por parte del frente Jorge Suárez Briceño, en el que dejarían claras las reglas de convivencia en el territorio, estrictamente controlado por el grupo armado.
Según conoció el medio mencionado, la información la comparten en los mismos salones comunales, en donde imponen su ley y recalcan en cómo tienen que trabajar, solucionar los conflictos entre vecinos, y cómo se debe manejar la movilización de los vehículos y ganado.
Por su parte, las Juntas de Acción Comunal deben presentar una base de datos que incluya información relacionada con las fincas, familias, kilómetros de vías, estado de las escuelas y puestos de salud, y número total de puentes.
“Las Juntas de Acción Comunal están siendo instrumentalizadas. Las disidencias ponen sus reglas de convivencia en la región y exigen sus vacunas”, explicó Jhon Armando Vergel, alcalde de Dolores (Tolima) al medio mencionado.
Disidencias estarían extorsionando a operadores del PAE en Huila
Las extorsiones de las disidencias del EMC al mando de Iván Mordisco no solo estarían ocurriendo en Tolima, sino también en el departamento de Huila, específicamente a los operadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La denuncia la realizó el gobernador del departamento, Rodrigo Villalba, durante un consejo de Seguridad, afirmando que la delicada situación se estaría presentando en varios municipios. Este caso ha sido conocido por la mesa de negociación de paz del Gobierno con dicha guerrilla: “Ya se hizo un llamado a la mesa de negociación de paz que adelanta el Gobierno Nacional para que examine una denuncia que existe sobre actores armados ilegales interfiriendo en el programa de alimentación escolar en territorio huilense”.
La preocupación surge tras denuncias de la presencia de grupos armados ilegales que buscan interferir en el desarrollo del programa, esencial para la nutrición y permanencia escolar de los estudiantes en la región: “Hay una denuncia en algunos municipios del departamento, que trata de fuerzas irregulares y actores ilegales que estarían interfiriendo en el normal desarrollo del Programa de Alimentación Escolar en Huila hay reporte de Algeciras y La Argentina. Esto es muy grave”,
Ante esta situación, se ha notificado tanto a la fuerza pública como a misiones de verificación internacionales, incluidos funcionarios de la ONU, con el fin de tomar medidas inmediatas que protejan el programa. Según el mandatario departamental, la interferencia en el PAE no solo es inaceptable, sino que también constituye una violación a los derechos humanos y al derecho fundamental a la educación:
“Hoy lo analizamos y dimos aviso a la fuerza pública para que nos colabore en lo pertinente. También le dijimos a la misión de verificación del proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional, y a funcionarios de la ONU, para que tomaran cartas en el asunto y que también por supuesto llevaran esta denuncia a la mesa de negociación”, complementó Villalba Mosquera, en declaraciones reseñadas por Alerta Tolima.
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