
Las vías legales parecen tomar cada vez más fuerza en el país, pues un reciente informe ha señalado que tan solo en los primeros tres meses del año se han interpuesto más de 268.0000 acciones de tutelas de ciudadanos para reclamar por sus derechos.
De hecho, el primer lugar se lo lleva, por mucho, la capital del país, con un total de 145.411 tutelas interpuestas. En segundo lugar se encuentra la ciudad de Medellín, que ya acumula 70.524 acciones y el pódium lo completa Cali, con 27.327 requerimientos.
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Según se conoció, el nivel de impugnación también ha aumentado en los últimos meses, con un promedio entre el 22 y el 28 porciento; es decir, casi un tercio de las acciones han sido rechazadas en las principales capitales durante los primeros 90 días del año.
Entre las quejas principales de los colombianos para acudir a los recursos legales, se encuentra el derecho a la salud, que representa un porcentaje importante de las tutelas presentadas, siendo este un claro indicativo de las dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder a servicios médicos oportunos y de calidad.

Sin embargo, una de las ciudades que más sorprendió en el ranking fue Bucaramanga, que ocupó el cuarto lugar con 24.937 tutelas, en las que se reclamó principalmente por problemas como los retrasos en la entrega de medicamentos y la programación de cirugías.
De hecho, en esa ciudad abundan los testimonios que denuncian las falencias en el sistema de salud, tal como lo expresó Lucila Morales a Vanguardia, quien afirma: “Es inadmisible tener que esperar semanas y hasta meses para poder ver a un especialista”.
Por su parte, la percepción de ineficiencia del sistema de justicia es palpable, con un 45 % de los encuestados en una reciente Encuesta de Percepción Ciudadana declarando que el actual modelo sobresale por la lentitud y falta de eficacia para resolver las demandas y solicitudes presentadas.
Al respecto, el abogado Gerardo González Gómez señaló al medio citado que “las cifras reflejan la diversidad de demandas y necesidades de la población, así como la importancia de garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales”.

Y es que la esencia de la acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y desarrollada en el Decreto Ley 2591 de 1991, la resalta como una herramienta vital para asegurar ese acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales, frente a la acción o inacción de entidades tanto públicas como de particularidades.
Dentro de la diversidad de derechos protegidos por la acción de tutela, se encuentran, además del ya mencionado derecho a la salud, aspectos como el derecho al mínimo vital de agua y el derecho al debido proceso, fundamentales para el desarrollo y bienestar de los ciudadanos.
En 2023 se rompió récord de tutelas
Durante el 2023, Colombia experimentó un marcado incremento en el número de acciones de tutela presentadas ante la Corte Constitucional, alcanzando un récord histórico. De acuerdo con los informes proporcionados por corporación, se registraron 723.947 solicitudes de amparo a derechos fundamentales.
Este notable aumento de tutelas, que supera considerablemente las registradas en años anteriores, implica tanto un creciente recurso a la justicia por parte de los ciudadanos como posibles falencias en la prestación de servicios y atención por entidades tanto públicas como privadas.
En el 2022, se habían contabilizado 633.000 acciones de tutela, mientras que en 2021, la cifra fue de 462.000, lo que demuestra un crecimiento sostenido y significativo en este ámbito.
Por su parte, la Corte Constitucional enfrenta un desafío considerable dada la avalancha de casos, teniendo en cuenta que la capacidad de análisis profundo se ve limitada por la estructura de selección de las tutelas, las cuales son filtradas por salas mensuales integradas por dos magistrados.
Este mecanismo de filtrado implica que solo una porción de las solicitudes recibe un examen detenido. Entre los casos presentados, un número importante guarda relación con el sector de la salud, siendo este un reflejo de los obstáculos que enfrentan los ciudadanos para acceder a servicios médicos adecuados. Según informes de la propia Corte, de cada 100 tutelas presentadas, 25 están vinculadas con la demanda por acceso a la salud.
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