
La tragedia ocurrida el 23 de marzo de 2026 en Putumayo con el desplome del avión militar Lockheed C-130H Hércules ha generado debate sobre el origen y mantenimiento de la aeronave, así como el manejo de la flota militar colombiana.
Mientras las autoridades continúan las investigaciones técnicas, el cruce de declaraciones públicas entre el presidente Gustavo Petro y el exministro de Interior Daniel Palacios ha puesto el foco en la procedencia del avión y las responsabilidades sobre su estado.
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En su mensaje en X, Petro cuestionó la adquisición de la aeronave y sugirió que se trataba de material en mal estado. “Hay que averiguar quién fue el contratista y por qué se le ocurrió a Duque comprar una chatarra, Oviedo debe saber”, escribió. El presidente, además, afirmó: “Un país no se defiende con chatarra y corruptos”.
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Ante estas afirmaciones, Palacios respondió de forma directa, negando la versión presidencial sobre la compra.
“El avión no fue comprado, fue donado”, afirmó el exministro. De acuerdo con datos del Ministerio de Defensa, el Lockheed C-130H Hércules involucrado en el accidente ingresó a la flota de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) como parte de una donación del gobierno de Estados Unidos en octubre de 2020. El exministro señaló que insistir en el argumento de la compra es “tamaña tontería”.
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Palacios remarcó que la aeronave llevaba más de seis años en operación, de los cuales cuatro transcurrieron bajo la administración de Petro. “¿Si era una chatarra, qué hacía volando?”, cuestionó.
Enfatizó que, tras la finalización del gobierno de Iván Duque hace cuatro años, la responsabilidad sobre el mantenimiento y las operaciones de las aeronaves pertenecía exclusivamente al actual gobierno. “El mantenimiento y operación de las aeronaves son responsabilidad de su gobierno y de nadie más”, expresó.
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Según el reporte oficial, el accidente del Hércules ocurrió minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo rumbo a Puerto Asís y posteriormente a Bogotá. Durante la fase inicial de ascenso, la aeronave presentó una falla técnica, perdió altitud y se precipitó en una zona selvática. El impacto provocó un incendio y la explosión de la munición transportada, dificultando las labores de rescate.
El balance humano de la tragedia es severo. En el avión viajaban 128 personas, entre ellas 11 tripulantes de la FAC, 115 soldados del Ejército Nacional y 2 agentes de la Policía. El accidente dejó 68 militares muertos y 57 heridos, mientras que un soldado resultó ileso. Las cifras convierten este hecho en el accidente más letal en la historia de la aviación militar del país.
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En su respuesta, Palacios también se refirió a declaraciones de la FAC. Recordó que el comandante de la Fuerza Aeroespacial había certificado que el avión estaba “en condiciones de aeronavegabilidad”, y cuestionó si las declaraciones del presidente ponían en duda la palabra de la autoridad técnica responsable. Además, preguntó por qué el gobierno actual buscaba enfocar el debate en la gestión anterior en vez de priorizar la investigación sobre la causa del accidente.
Entre los puntos que subrayó el exministro, figura la situación de la flota aérea militar. Palacios mencionó que más del 60% de los aviones de la FAC se encuentran fuera de servicio por razones técnicas, lo que pone en evidencia la dificultad de mantener la operatividad de las aeronaves más allá de su antigüedad o procedencia.
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La respuesta ciudadana tras el accidente fue inmediata. Decenas de campesinos y motociclistas de Puerto Leguízamo acudieron al lugar para colaborar en la evacuación de heridos antes de la llegada de los equipos de rescate militares. Los lesionados fueron trasladados a centros médicos en Florencia y Bogotá.
El ministro de Defensa actual, Pedro Sánchez, descartó que el siniestro haya sido consecuencia de un atentado y reiteró que la hipótesis principal apunta a una falla mecánica. La FAC solicitó apoyo técnico de Estados Unidos para la investigación, dada la fabricación estadounidense del avión.
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Por su parte, Petro ha reiterado la necesidad de modernizar la flota aérea y superar las trabas burocráticas que afectan la renovación de equipos. El accidente reavivó el debate sobre el estado de la infraestructura militar, la gestión de los recursos y la vigilancia sobre el mantenimiento de los sistemas de defensa.
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