El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó una demanda que solicita la invalidación de la orden presidencial mediante la cual el mandatario Gustavo Petro nombró a la abogada Cielo Rusinque como la cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio.
La acusación, presentada por el también jusrista Miguel Ángel Martínez Calderón contra el decreto 0098 del 2 de febrero de 2024, argumenta que el proceso de selección estuvo marcado por preferencias hacia Rusinque, mientras se exluyó a otros postulantes que, a juicio del demandante, satisfacían apropiadamente los criterios para el puesto.
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De acuerdo con la demanda, citada por la WRadio, que ahora tiene curso, la designación de Rusinque que la llevó al despacho en febrero de 2024 “vulnera los requisitos que se encuentran en la ley y en las normas reglamentarias, así como también el principio de igualdad”.
Por lo tanto, Martínez Calderón criticó que el nombramiento transgredió los estándares legales y regulatorios, a la vez que destacó que Rusinque desempeñó funciones estrechamente vinculadas al proyecto político actual, así como en otros cargos gubernamentales recientes, lo cual evidenciaría un conflicto de interés.
“Se ha manifestado la desviación de poder, cuando la demandada ha ejercido cargos no solamente relacionados con el proyecto político que hoy en día gobierna el país, sino que en otros cargos públicos que recientemente ha ocupado en el marco del Gobierno vigente”.
De hecho, a través de sus redes sociales, el joven estudiante de derecho expresó que habrían podido considerarse otras opciones para el cargo con mayor experiencia para el puesto, por fuera de la cercanía con el gobernante nacional: “La demanda la fundamenté en la falta de requisitos que dispone el Manual de Funciones de la SIC y por desviación de poder por su cercanía con el presidente Petro que incidió en su nombramiento sobre personas que tenían la experiencia y formación requerida para el cargo”.
Además aseguró que el nombramiento de Rusinque estaría relacionado con el “populismo”, y serían funciones de “policía administrativa” por parte del presidente Gustavo Petro. En su defensa del accionar técnico y la integridad de la Superintendencia, Martínez Calderón enfatizó que tales instituciones deben ser respetadas, y no deben ser espacios para la improvisación.
La respuesta de Rusinque
A su vez, la funcionaria contestó a la decisión del Tribunal Superior. A través de su cuenta de X aseveró que se trataba de un intento de “desestabilización política”, que estaría siendo motivado por “la persistencia de un sector de la prensa empeñado en emplear la tergiversación y la infamia”, de cara a la divulgación de la admisión de la demanda.
“Nosotros, por nuestro lado, con las armas de la verdad, la justicia y la honestidad, seguiremos luchando contra todas las formas de corrupción. En mi caso, afrontaré con altura la discusión jurídica sobre mi nombramiento, el cual está justificado y fundamentado en una deliberación previa seria y sólida, en la que participaron los mejores juristas del país. Respetaremos y confiamos en la justicia y en sus decisiones”, escribió.
Y agregó: “De hecho, un análisis imparcial y objetivo de los perfiles de antiguos superintendentes, muestra hasta que punto lo que hoy se me exige en cuanto a requisitos de conocimiento y experiencia no fue, ni de lejos, cumplido por ellos”, en defensa de su designación
Aseguró que “no perderemos el foco, no nos amedrentarán ni detendrán nuestro compromiso con la creación de una SIC del cambio, que hoy está más viva que nunca y en tan solo dos meses de trabajo intenso, que es prueba de nuestro compromiso con Colombia, hace temblar a quienes han construido su poder en la ilegalidad y protegerá a los consumidores y empresarios honestos del país”.
Mientras tanto, la gestión de Rusinque en la entidad ha estado marcada por la polémica, luego de que se conociera presuntas irregularidades en un cuestionado proceso de inspección que realizó la SIC a la Cancillería.
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