Jennifer Pedraza denunció ‘micos’ en la ley estatutaria a la educación: “Alertamos al movimiento estudiantil”

Tras el receso de la Semana Santa, los debates sobre las reformas sociales propuestas por el Gobierno nacional se reanudaron con fuerza. Entre estas, una que despertó especial atención fue la ley estatutaria a la educación, por lo que la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, alzó su voz para señalar los errores y deficiencias que percibe en esta iniciativa.

El texto presentado en la Plenaria de la Cámara de Representantes por el representante Gabriel Becerra y otros colegas, conserva sus líneas y promesas. Estas incluyen garantizar el derecho a la educación, la ampliación del ciclo preescolar, la obligatoriedad de la educación media, y el acceso a la educación para adultos mayores, campesinos y víctimas del conflicto armado.

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Asimismo, se propone reconocer los programas de formación complementaria de las Escuelas Normales Superiores como programas de educación superior, y se otorga a los pueblos étnicos el derecho a construir su propio sistema educativo.

Sin embargo, Pedraza señaló una serie de micos u orangutanes en el proyecto, esto lo hizo por medio de su cuenta de X (anteriormente Twitter), aunque expresó su apoyo a la consolidación de la educación como un derecho fundamental y la eliminación de barreras de acceso, pero resaltó preocupaciones importantes que considera deben ser abordadas.

Las denuncias que encendieron las alertas

Uno de los puntos de discordia señalados por la representante es la inclusión del principio de “libre elección de padres del tipo de educación de sus hijos” como parte del derecho a la educación. Pedraza advirtió que esto podría poner en riesgo los derechos fundamentales de los menores, al priorizar los intereses de los padres.

Además, hizo referencia a propuestas como los “bonos escolares” promovidos por Paloma Valencia, senadora del partido Centro Democrático, comparándolos con iniciativas similares en otros países, como en Argentina en cabeza del presidente Javier Milei, que podrían desestabilizar el sistema educativo público.

Otra preocupación planteada por la congresista es la posibilidad de interpretaciones que podrían impedir a los padres permitir a sus hijos acceder a la educación sexual y reproductiva, lo cual considera un retroceso en materia de derechos. Para abordar estas inquietudes, la congresista propuso una modificación de la redacción del proyecto, enfocándose en el “interés superior de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.

“Si bien este Proyecto reconoce la educación inicial como un nivel del sistema educativo, y reconoce cifras alarmantes como que: en Colombia solo el 36% de los niños/as -5 años asistieron a un jardín (Dane), encontramos otro mico, respecto a la financiación de este nivel educativo (sic)”, publicó Pedraza en su hilo en X.

La financiación de la educación inicial también ha sido objeto de críticas por parte de Pedraza, que señaló que el proyecto no especifica cómo se financiará este nivel educativo, a pesar de reconocer la baja asistencia en jardines infantiles en el país. Asimismo, cuestionó la ambigüedad en los esquemas de financiación que podrían llevar a la concesión de jardines infantiles, lo cual considera una amenaza para la oferta pública de educación.

La propuesta de Jennifer Pedraza

En cuanto a la financiación general de la educación, la representante destacó la necesidad de reformar el Sistema General de Participaciones para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los colegios y se financien adecuadamente. Pedraza recordó que esta fue una promesa de campaña que aún no se ha cumplido.

“Encontramos el segundo al establecerse dentro de los esquemas de financiación la posibilidad de COFINANCIAR el mismo. ¿Acaso tendremos jardines en concesión? Esta redacción debe precisarse garantizando la oferta pública o eliminar la ambigüedad como lo propongo”, publicó la congresista.

Por último, la representante resaltó el problema de obligar a los estudiantes a mantener una “relación armónica con las directivas”, considerando que esto podría restringir el derecho fundamental a la protesta y condicionar el acceso y la permanencia en la educación.

Propuso que la solución estructural para la financiación de la educación sea discutida en el Congreso de manera concertada con todos los actores involucrados.

A pesar de sus críticas, Jennifer Pedraza enfatizó que votó positivamente por el proyecto, pero instó a que se recojan las discusiones históricas del movimiento estudiantil y profesoral del país, y que se reconozca la educación como un derecho fundamental en la ley estatutaria.