Comida poca, mala y tarde: esta es la difícil situación de las internas de la cárcel de Pedregal en Medellín

En la mañana del miércoles 3 de abril, la Defensoría del Pueblo, hizo un llamado para que se resuelvan los problemas del servicio de alimentación de las privadas de la libertad que están en la cárcel Pedregal, en Medellín.

A través de su delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género y Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, la entidad afirmó que desde diciembre del 2023 reveló ante las direcciones del Inpec y de la Uspec las múltiples quejas presentadas por las internas en la cárcel, las cuales están relacionadas con el incumplimiento de los horarios del suministro de los alimentos, su poca cantidad y ausencia de calidad y seguridad.

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Según el organismo, hasta la fecha estas quejas no ha sido solucionadas y estaría derivando en afectaciones a la salud de quienes están dentro del centro penitenciario, desencadenando intoxicaciones y agravamiento de quienes tienen enfermedades preexistentes. Sumado a esto, la Procuraduría llamó la atención porque presuntamente los alimentos se estaría haciendo al exterior del centro carcelario, generándose así demoras en su entrega.

“En consecuencia, reiteramos nuestro llamado para que sea solucionada inmediatamente la prestación del servicio óptimo de alimentación para las personas privadas de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Medellín Pedregal”, mencionó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

A su vez anunció que los equipos en terreno de la Defensoría han realizado en varias ocasiones la verificación de los derechos humanos en el centro de reclusión, visitas en las que evidenciaron la vulneración del derecho fundamental a la alimentación como mínimo constitucionalmente asegurable de la vida en reclusión.

Así mismo, evidenciaron que el rancho de mediana seguridad, el cual está en el pabellón de mujeres, cuenta con la infraestructura adecuada para la prestación del servicio, por lo que requiere su apertura inmediata.

“En febrero de este año, con base en nuestras visitas defensoriales, remitimos a la Corte Constitucional un informe sobre los hallazgos en el establecimiento carcelario de Pedregal, entre ellos, la ausencia de la interventoría y supervisión en la ejecución del contrato de alimentos, en el que se evidencia cómo la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios no había adelantado acciones efectivas de control para garantizar la prestación del servicio”, aseguró Camargo Assis.

Por lo que ante este panorama, la Secretaría de Salud de Medellín clausuró el martes 19 de marzo el rancho del pabellón de alta seguridad, que era el único lugar de preparación de alimentos que estaba en funcionamiento para las aproximadamente 3.500 personas recluidas en el complejo carcelario.

Cabe recordar que a finales de marzo del 2023, el director de la cárcel Pedregal, Pablo Ramírez, informó que el contratista —Unión Temporal Alimentación Uspec— es el responsable de subsanar las deficiencias en la prestación del servicio para que, una vez supere las deficientes condiciones sanitarias, la secretaría de salud autorice nuevamente la operación.

Por lo que, ante los retrasos en la entrega de comidas, la dirección permitió el ingreso de comida elaborada por familiares de algunos internos, una solución lejos de ser óptima dado que no todas las reclusas tienen quien les provea estos recursos.

“Requerimos, por lo tanto, que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios implementen medidas urgentes para que sea garantizado, de manera efectiva, el servicio de alimentación en ese lugar de detención”, señaló Camargo Assis.

Por lo que la Defensoría del Pueblo reiteró el llamado a todas las entidades competentes y responsables en el marco del sistema penitenciario y carcelario, con el fin de que emprendan acciones para prevenir y mitigar la vulneración de derechos de la población privada de la libertad.