Gustavo Petro instó a buscar bienes de los dueños de EPS quebradas: “El Estado debe perseguirlos”

Desde Mompox, una joya histórica del departamento de Bolívar, el presidente de la República, Gustavo Petro, sacudió el panorama político nacional con un discurso cargado de críticas y propuestas audaces. En el transcurso de su agenda presidencial, que incluyó visitas a varios municipios de Córdoba antes de llegar a este departamento, el mandatario tuvo pronunciamientos explosivos sobre la política, la corrupción y el sistema de salud colombiano.

No obstante, fue su enfoque en la persecución a los dueños de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) lo que captó la atención de todo el país.

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El presidente no escatimó en palabras al denunciar la presunta complicidad de los dueños de EPS que quebraron en el pasado y, según él, utilizaron los recursos obtenidos de manera fraudulenta para enriquecerse a expensas de la salud de los colombianos.

En un discurso incendiario, el jefe de Estado no solo equiparó la gravedad de esta situación con la violencia armada que azota al país, sino que también propuso medidas drásticas para enfrentarla.

“Más que la violencia armada, todo el esfuerzo que hacen nuestros generales para contener esa violencia y evitar que siga cobrando la vida de más jóvenes colombianos se queda en pañales cuando un sistema de negociantes que maneja la salud en Colombia mata a 340.000 personas. Por un lado, roban, y por el otro, cometen un crimen contra la vida”, afirmó el presidente desde Mompox.

Cabe señalar que en la polémica reforma a la salud, propuesta por el Gobierno nacional y que aún se debate en el Congreso, uno de los aspectos más controvertidos está relacionado con las EPS. Esto se debe a la aprobación del artículo 49 del proyecto de ley, el cual establece que estas entidades actualmente operativas en el país podrán seguir haciéndolo durante un período de dos años, siempre que cumplan con los requisitos de permanencia. Después de este período, se convertirán en ‘gestoras de salud y vida’.

Por esta razón, uno de los temas más debatidos es la continuidad de las EPS en su forma actual, debido a la preocupación por las personas que supuestamente fallecen en estas instituciones médicas sin recibir la atención adecuada. Sin embargo, otra parte del sector político defiende estas entidades y argumenta que el proceso para garantizar la salud de los colombianos ha sido difícil y que estatizarlas representaría un riesgo. Es por eso que el presidente de Colombia expresó que es en estas instituciones donde las personas fallecen.

Sin embargo, su intervención no finalizó en ese punto, puesto que enfatizó que su administración necesitaba hallar una vía legal para rastrear los activos de los anteriores dueños de las EPS que experimentaron quiebras en algún momento.

“Estoy convencido de que el Gobierno nacional debe buscar el camino jurídico que permita perseguir los bienes de todas aquellas personas que han sido propietarias de EPS que se han quebrado. Sacaron el dinero para sus clínicas, para sus propiedades, y dejaron quebrados los hospitales. El Estado debe perseguir a esos individuos porque son ladrones, y a los ladrones se les persigue”, afirmó Petro con vehemencia.

Esta postura del presidente Petro no pasó desapercibida, especialmente en medio de los recuerdos de sus promesas electorales. Antes de su elección como presidente de la República, Petro había afirmado categóricamente que no iba a expropiar bienes, un compromiso que incluso quedó registrado en una notaría. No obstante, su llamado a perseguir los bienes de los dueños de EPS quebradas provocó un debate acalorado sobre la coherencia de sus acciones políticas.

Las reacciones a las declaraciones del presidente no se hicieron esperar. Mientras algunos sectores respaldaron su postura enérgica contra la corrupción en el sistema de salud, otros manifestaron su preocupación por la viabilidad y las implicaciones de sus propuestas.

La incertidumbre sobre el futuro de la reforma a la salud se intensificó, con un Congreso dividido entre aquellos que apoyan la iniciativa del Gobierno y los que la rechazan.