
El director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Jhon Jairo Camargo, radicó una denuncia contra el exsecretario general de la Cancillería José Antonio Salazar, por haber otorgado la licitación de los pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons.
El recurso interpuesto ante la Fiscalía General de la Nación señala al exfuncionario de haber cometido los delitos de prevaricato, falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos y abuso de poder.
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Lo anterior, luego de que Salazar firmara varias resoluciones, señalando que el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Luis Gilberto Murillo, le había otorgado facultades para hacerlo.
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Además, el entonces secretario habría desautorizado la resolución del canciller suspendido, Álvaro Leyva, mediante la cual suspendió la licitación de pasaportes y declaró la urgencia manifiesta en el proceso.
“Sin tener asignación funcional para ello, con ese acto revocó uno que había sido proferido por su superior jerárquico, para lo cual tampoco tenía competencia, pero además, revocó un acto administrativo que fue emitido y había quedado en firme, con más de 4 meses de anterioridad”, señala la denuncia conocida por Blu Radio.
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En diálogo con RCN Radio, José Antonio Salazar respondió a la denuncia del Gobierno y la calificó de “absurda”.
“Sí, por supuesto, que como ciudadano es en mi deber, estoy listo, pero, lo extraño de la denuncia es que la Agencia Jurídica de Defensa del Estado ya había sentado su posición institucional cuando estuvo en cabeza de la doctora Martha Lucía Zamora”, dijo el exsecretario de la Cancillería al medio citado.
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Cabe recordar que el 28 de febrero de 2024, se advirtió una supuesta contradicción entre la Cancillería y el Ministerio de Hacienda sobre el certificado de disponibilidad presupuestal de la licitación de los pasaportes, uno de los documentos con los que José Antonio Salazar quiso entregar el millonario contrato a Thomas Greg & Sons.
Salazar quiso echar para atrás la demanda que la firma había anunciado contra el Estado, lo que le costó su salida de la Cancillería. El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, advirtió, por medio de un video en aquel entonces, que Salazar adjudicó un contrato sin el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal, algo que supuestamente el ministro de Hacienda contradijo.
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Ante esto, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado, aclarando que “José Antonio Salazar adjudicó el proceso que estaba declarado desierto y con un CDP que había caducado” y que las declaraciones del canciller (e) son correctas, pues dicen que “está en lo cierto cuando dice que hay un proceso vigente que no ha sido adjudicado y el Dr. José Antonio Salazar se extralimitó en funciones adjudicando algo que ya se había declarado desierto”.
También reiteró que “ningún proceso licitatorio puede iniciarse sin un certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) vigente y no puede haber dos CDP vigentes sobre el mismo proceso licitatorio”.
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El presidente Gustavo Petro no fue ajeno a la polémica y en su cuenta de X (antes Twitter) negó que haya habido un reversazo en el Gobierno, como muchos calificaron lo sucedido con la licitación de pasaportes:
“Ningún reversazo. No se puede adjudicar contratos sin un CDP dice la ley, es decir mientra no se expida certificación dd minhacienda del dinero para ese proceso licitario. El CDP, Cupo de Disponibilidad Presupuestal, que existe hoy es para el proceso licitatorio que se está presentando y sobre el que tambien recaen dudas de configurar sus claúsulas de la forma de un pliego sastre, es decir con ganador predeterminado. Luego el señor Salazar violó la ley (sic)”, escribió el presidente.
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