El pacto colectivo es definido por el Gobierno nacional como un acuerdo que se celebra de manera escrita entre trabajadores no sindicalizados y sus empleadores para regular asuntos relacionados con el contrato de trabajo (incentivos, primas extralegales, bonificaciones, etc.). Este debe enviarse al Ministerio del Trabajo dentro de los 15 días siguientes a su firma para fines de su publicidad. Sin el cumplimiento de estos requisitos, el pacto colectivo no produce ningún efecto.
Sobre el mismo se generó polémica a raíz de una demanda instaurada en la Corte Constitucional, cuyos principales impulsores incluyen al viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma Egea.
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Ante esto, la Procuraduría General de la Nación solicitó a alto tribunal mantener la validez de los pactos colectivos dentro de la ley colombiana. Esto, ya que para el órgano los pactos colectivos representan un mecanismo esencial para que los empleados no afiliados a sindicatos puedan defender sus derechos e intereses laborales de manera conjunta con los empleadores.
La Procuraduría fundamenta su posición en la importancia de estos acuerdos para la protección laboral. En su concepto, entregado a la Corte, se elabora sobre cómo estos convenios facilitan una vía efectiva para la negociación de condiciones laborales entre partes, especialmente en contextos donde la sindicalización no es prevalente.
Esto, a su juicio, ayuda a fortalecer las relaciones laborales y promueve un ambiente de trabajo más justo y equitativo.
Este caso llega a la Corte Constitucional en un momento donde el debate sobre los derechos laborales y las formas de representación de los trabajadores en Colombia está en auge. Las determinaciones que haga la Corte acerca de los pactos colectivos podrían tener implicaciones significativas tanto para empleados como para empleadores, influenciando la forma en que se gestionan las negociaciones laborales en el futuro.
En el concepto de la Procuraduría se deja claro que “los pactos colectivos persiguen una finalidad legítima desde una perspectiva constitucional, porque, en los términos de los artículos 39 y 55 de la Carta Política, aseguran el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores que, en ejercicio de su libertad de asociación, deciden no pertenecer a una organización sindical”.
Asamblea Nacional Constituyente de 1991
Al respecto, señaló que en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 los delegatarios explicaron que las referidas disposiciones superiores exigen el respeto, no solamente del derecho de asociación, sino también del derecho de no asociación y, por consiguiente, “a los trabajadores que no se asocian, no se les puede condenar (...) a que no tengan la capacidad de promover la mejoría de sus condiciones de trabajo y remuneración ante el patrono, por el simple hecho de no acogerse a una forma asociativa”.
En segundo lugar, dice la Procuraduría, los pactos colectivos son idóneos para lograr dicha finalidad, ya que constituyen un mecanismo de negociación apto para que los trabajadores no sindicalizados solucionen los conflictos colectivos laborales con la empresa, bajo condiciones similares a las que tienen los empleados que se encuentran afiliados a organizaciones sindicales.
Ante esto, expresó que, ciertamente, “los pactos colectivos son instrumentos que deben nacer a la vida jurídica, conforme lo señala la parte colectiva del Código Sustantivo del Trabajo, de la misma manera que se crean las convenciones colectivas de trabajo para los trabajadores sindica/izados (…)”.
Por tanto, el artículo 481 clarifica que se rigen por las disposiciones establecidas en los Títulos 11 y 111, capítulo 1, parte segunda del código, que hacen referencia a la etapa de arreglo directo en virtud de la cual los trabajadores no sindicalizados deben hacer una asamblea para elegir a sus representantes, la presentación de un pliego de peticiones y su contenido en orden a comenzar un proceso de negociación con la empresa con el fin de determinar el contenido.
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