Fiscalía ha tenido que indemnizar por más de $800.000 millones por enviar a prisión a personas que resultaron inocentes

El abogado penalista Fabio Humar publicó un reporte sobre la cantidad de dinero que ha invertido la Fiscalía General de la Nación en indemnizaciones, pues importantes sumas fueron pagadas a personas que fueron enviadas a prisión sin haber cometido ningún delito.

Es decir, la justicia determinó que debían estar en la cárcel, aunque no tenían responsabilidad alguna en los hechos de los que se les acusaba, por lo que después tuvieron que retractarse de la condena y entregarles una importante suma de dinero.

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El reporte genera una alerta ante la cantidad de equivocaciones cometidas por la justicia, teniendo en cuenta que, durante el 2023, se pagaron $307.000 millones de pesos en indemnizaciones para las personas que fueron privadas de su libertad de manera injusta.

Sin embargo, la suma asciende a los $800.000 millones si se tiene en cuenta el lapso entre el 2011 y el 2023, 12 años en los cuales los entes judiciales cometieron una gran cantidad de errores que llevaron a algunos colombianos a estar tras las rejas sin justa causa.

“Estos datos los obtuve después de dos derechos de petición, una tutela y un incidente de desacato, porque la Fiscalía General de la Nación no quería entregar estos datos”, denunció el abogado en su publicación realizada a través de su cuenta en la red social X.

Del mismo modo, realizó la conversión de cuánto se ha pagado a las personas que han sido privadas de su libertad de manera injusta, debido a que el ente judicial ha gastado una suma de dinero impresionante por los fallos en sus investigaciones. De acuerdo con el abogado:

• La Fiscalía pagó $5.100 millones mensuales
• $170 millones al día
• $40 millones la hora
• $700.000 el minuto

Al conocer esta denuncia, una gran cantidad de abogados apoyó la publicación y uno de ellos fue Andrés Ramos, especialista en derecho penal que indicó lo siguiente: “La Fiscalía es la clara muestra de que el titular de la acción penal en Colombia tiene demasiadas falencias al momento de solicitar una medida de aseguramiento privativa de libertad y peor aún, solicitar condenas con Elemento Material Probatorio (EMP) que no lo acrediten”.

Cabe mencionar que esta información se conoce en medio de una preocupante situación por causa del hacinamiento en los centros penitenciaros de todo el territorio nacional, cosa que podría controlarse en caso de que se verificara la culpabilidad de una persona antes de ser enviada a prisión.

Aunque es claro que el hecho de realizar una revisión detallada de las penas no asegura que se acabe por completo con esta problemática, pero sí contribuiría a que los ciudadanos que no sean culpables de un delito no estén en prisión sin los argumentos de peso.

A su vez, el abogado en derecho penal, disciplinario y de contratos, Iván Alfaro Gómez, planteó la posibilidad de que los defensores de cada uno de los casos asuman también parte de la responsabilidad por estos hechos.

“En algún momento también se podrá demandar de forma solidaria a los representantes de víctimas, que exigen siempre la detención preventiva y se oponen a la libertad del procesado ‘porque se va a volar’”, declaró el experto.

La problemática expuesta a través de este informe pone en alerta a los colombianos, así como también a las autoridades y se espera que se tomen las acciones correspondientes para garantizar que las personas que sean enviadas a prisión estén privadas de su libertad con las razones de peso y no se vuelva a cometer el preocupante error de poner tras las rejas a un ciudadano inocente.