José Antonio Salazar reveló una posible presión sobre Álvaro Leyva: “No he tenido el valor de decírselo”

José Antonio Salazar, ex secretario General de la Cancillería, durante una reciente entrevista con el periodista y columnista Daniel Coronell en su canal de YouTube, hizo revelaciones sobre el escándalo que rodea el contrato para la impresión y distribución de pasaportes en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La controversia comenzó cuando el presidente Gustavo Petro destituyó a Salazar de su cargo, acusándolo de “traición” y de favorecer intereses corruptos al otorgar un lucrativo contrato a una única empresa para la emisión de pasaportes, en este caso a la firma Thomas Greg and Sons (TGS). Salazar, en su defensa, señaló que actuó en el ejercicio de sus plenas competencias y que no estaba obligado a informar previamente sobre sus decisiones.

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Durante la entrevista, Daniel Coronell señaló que Salazar creía que Álvaro Leyva podría haber recibido una oferta para ser informado sobre la situación, insinuando así que el canciller suspendido también podría haber sido víctima de presiones externas.

“Le voy a hacer, por primera vez, una confesión, por primera vez, a usted: yo pienso que el doctor Álvaro Leyva, de pronto, le dijeron ‘bueno, le vamos a informar de eso y también de su secretario’. Yo no he dejado de pensar que eso pudo haber sido, pero no he tenido el valor de decírselo a él, esa es la realidad”, dijo Salazar.

De igual manera, Salazar admitió, aunque no directamente, haber sido contactado para pagar información, pero se defendió al afirmar que reflexionó sobre el dilema ético en su aislamiento: “Yo lo que estoy diciendo es que ahí en mi soledad y pensando en todo este rollo, pienso en que seguramente a él también le ofrecieron que le iban a informar. Es lo que yo pienso, pero yo no se lo he dicho por respeto a la amistad”.

Una de las afirmaciones más impactantes de Salazar fue su declaración de que la decisión de adjudicar el contrato no solo estaba basada en consideraciones legales, sino también en el interés público y en evitar un detrimento patrimonial al Estado. Según él, revocar el contrato podría haber expuesto al Gobierno a una demanda de 117.000 millones de pesos, lo que justificaba su acción en términos de responsabilidad fiscal.

Salazar también criticó la interpretación de la ley hecha por Álvaro Leyva, al argumentar que ambos tenían puntos de vista jurídicos diferentes y que él había actuado de acuerdo con la Ley de Contratación Pública y otras normativas aplicables. Esta discrepancia legal planteó interrogantes sobre la coherencia y la transparencia en la toma de decisiones dentro del Gobierno.

El diálogo entre Salazar y el periodista Coronell reveló la complejidad de las decisiones tomadas y sus consecuencias legales: “El patrimonio público y en cumplimiento de la ley tiene muchas consecuencias, entonces yo mencioné efectivamente esa como una de las consecuencias que tienen las decisiones tomadas”.

Salazar argumentó que al mantener la continuidad del contrato también se debería considerar la caducidad de la suspensión del canciller Álvaro Leyva por la Procuraduría General de la Nación, que había sido suspendido por tres meses debido a presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes. En este sentido, sugirió que una de las razones detrás de su actuar era que la suspensión del ministro perdería validez.

Cuando se cuestionó la legalidad de las acciones de su jefe, Salazar argumentó: “Esto es un caso típico de interpretación diferente a las normas jurídicas y válidas todas las interpretaciones. El doctor Leyva, como hombre de Estado, como un estudioso del derecho constitucional que ha estado al servicio del país, le da una interpretación a las normas desde el punto de vista, veo yo, puramente Constitucional, hablando del interés público, hablando del derecho fundamental a movilizarse, hablando de unos temas constitucionales que no son muy fuertes. En cambio, yo lo hago desde el punto de vista de las leyes contractuales de la Ley 80, de la Ley de contratación del 2007″.