Cuatro policías fueron judicializados por secuestrar y chantajear a una pareja

Durante un procedimiento de rutina de la Policía de Bogotá, se descubrió un secuestro de una pareja de esposos en el interior de un CAI en la localidad de Suba. Luego de investigar los hechos, las autoridades establecieron que los uniformados exigieron una jugosa recompensa para dejarlos en libertad y así evitar su captura.

El caso se presentó cuando cuatro policías ubicaron, identificaron y retuvieron a dos personas antes de que ingresaran a un supermercado. Luego el subintendente John Gabriel Arciniegas y los patrulleros José Éver Lagos, Arturo Antonio Castañeda y José Arley Torres afirmaron que la pareja debía ser capturadA al instante porque supuestamente eran estafadores, aunque les dieron la opción de dejarlos en libertad si hacían un pago generoso.

La solicitud de los uniformados era recibir $30 millones para dejarlos en libertad. Llama la atención que los policías habría hecho un seguimiento previo a las víctimas, por lo que tenían a la mano información de los familiares, direcciones y datos, por lo que las supuestas órdenes de captura de contra la pareja no parecían ser un invento de la nada.

Además, realizaban llamadas falsas a un supuesto fiscal para que avanzara la investigación contra los secuestrados. Luego, los trasladaron a un parque para determinar cuánto dinero debían entregarles. Las presuntas órdenes de captura eran por delitos como: estafa, concierto para delinquir, hurto y lavado de activos.

Momentos después, se movilizaron con las víctimas hasta el CAI Alhambra en un recorrido que quedó en video en las cámaras de seguridad del sector, imágenes que sirvieron de sustento a las autoridades durante la investigación.

Luego comentaron a los esposos que, de no cumplir con las exigencias, debía ser trasladados hasta el búnker, por lo que se generó un conflicto entre los uniformados y los capturados por el dinero que estaban solicitando.

En el expediente revelado por Semana se mencionó que las víctimas no accedieron a las peticiones de los policías, por lo que fueron conducidos hasta las instalaciones del CAI. Luego de una fuerte pelea los detenidos se negaron rotundamente a las peticiones y como respuesta fueron informados que serían llevados hasta la cárcel.

Los secuestrados en un acto heroico grabaron las exigencias de dinero usando un reloj inteligente. Luego de no acatar las exigencias, fueron intimidados para que firmaran un documento en blanco, aunque estos nuevamente se negaron.

Tras algunos momentos de incertidumbre, las dos personas fueron liberadas ya que no había nada en su contra, y se acercaron hasta la Fiscalía para instaurar la respectiva denuncia de los hechos.

Una vez se instauró la denuncia, el Gaula de la Policía capturó a los tres uniformados en Bogotá y uno en Medellín, los cuales fueron judicializados por el delito de secuestro extorsivo, aunque ninguno aceptó su responsabilidad.

La Fiscalía reveló los videos de seguridad recopilados, el material del reloj de una de las víctimas y material fotográfico para demostrar que los uniformados estaban vinculados a los hechos. Por su parte, la directora seccional de fiscalías de Bogotá, Leonor Merchán, dio un abrebocas del proceso investigativo y de cómo se obtuvo el material de prueba.

Aunque los defensores alegaron un conflicto de competencias luego de advertir que no hubo secuestro, sino una privación ilegal de la libertad, competencia de la Justicia Militar, el juez rechazó la solicitud y ordenó una medida de aseguramiento en centro carcelario.

Durante todo el proceso, los investigados trataron de convencer a las autoridades de que los testimonios de las víctimas y el material probatorio era inexacto porque según su relato solo estaban cumpliendo sus funciones y realizando un procedimiento habitual policial.