Gerardo Vega, exdirector de la ANT, arremetió contra el Ministerio de Agricultura: “Intentan matarme políticamente”

La salida de Gerardo Vega de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) no está lejos de la polémica. A través de sus redes sociales el funcionario hizo una grave denuncia, acusó al Ministerio de Agricultura de emprender una campaña en su contra para llevarlo preso e incluso comparándola con la persecución del paramilitarismo.

“Minagricultura suelta falsas acusaciones contra reforma agraria, calumnian y calumnian. Me quieren en la cárcel, intentan matarme políticamente, lo que sigue es el asesinato físico. Esta historia ya la he vivido en Urabá, al mejor estilo del paramilitarismo. Seguiré luchando para que los campesinos sean los verdaderos propietarios de la Tierra”, escribió Vega.

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El funcionario hacía referencia a la revelación de un informe de su gestión, que terminó el 2 de febrero sin mayores anuncios, pese a ser uno de los funcionarios más asiduos al presidente Gustavo Petro. La dirección de la ANT la asumió Felipe Harman, exalcalde de Villavicencio.

Sin embargo, su salida ya se veía venir. Las cifras de implementación de la reforma agraria no han dejado satisfecho al jefe de Estado y la ministra Jennifer Mojica ha descargado parte de la responsabilidad en la gestión de Vega, incluso en agosto de 2023 acusó a esa entidad de alterar las cifras.

Ahora, tres semanas después de que Vega salió del cargo, se conoció que en el Ministerio de Agricultura estudian posibles irregularidades en la compra de tierras que se habrían incrementado durante los últimos días de su gestión, que involucran aparentes sobrecostos y hasta corrupción.

Uno de los principales líos identificados en la ANT está relacionado con la compra de la finca La Grosería. Vega, poco antes de salir de la dirección, según Cambio, aprobó la compra, pese a las peticiones de la ministra Mojica para detenerla, porque aparentemente se había cobrado un sobrecosto debido a que una casi el 70% del predio no era apto para actividades agrícolas.

A raíz de la denuncia, la Agencia emitió un comunicado el 25 de febrero de 2024 para señalar que no se ha realizado ningún pago por ese predio y que la orden, dentro de la entidad, es que se frene cualquier transacción que involucre ese terreno.

En la aclaración señalan que “las inconsistencias sobre La Grosería fueron detectadas por la nueva dirección de la ANT”. Así mismo sostienen que no habrá ninguna compra hasta que la investigación del caso esclarezca las presuntas irregularidades, así como la garantía de transparencia en el proceso.

“La ANT contratará una auditoría interna que acompañe de forma permanente las compras como una práctica institucional que asegure confianza en el proceso de Reforma Agraria”, concluyó la entidad.

Al parecer, no se trata solo de ese predio ubicado en Cesar. En el Ministerio de Agricultura tienen un informe de 65 páginas, según El Tiempo, en el que se identifican otras compras comprometidas que se habrían hecho bajo un cambio en los requisitos de adquisición para cumplir con las cifras de meta de la reforma agraria.

Entre las adquisiciones también se alerta sobre predios en los departamentos del Meta, y La Guajira, que aparentemente tampoco tienen vocación agraria, por lo que no serviría para que los campesinos a quienes se les entregue puedan explotarla, como es el propósito de la política que lidera el Gobierno nacional.

Otro de los casos es un predio de 13.800 hectáreas ubicado en Puerto Gaitán, Meta, por el que se habría aceptado la compra en diciembre de 2023, por un valor de 38.000 millones de pesos, de los cuales se pagaron 11.000. Sin embargo, el problema, es que no se habría firmado la escritura.

Así mismo, se cuestiona el traslado de 645.000 millones del presupuesto de la ANT al Fondo Colombia en Paz que al parecer no ejecutó durante su vigencia. Además, sostienen que hay varios negocios de la entidad en los que aparece el nombre Raúl Botero Botero, un empresario del Eje Cafetero.