La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que el Tribunal Superior de Cali confirmó la condena en contra del abogado Gabriel Alberto Arce Sepúlveda, por haber gestionado de manera irregular el traslado de presos de alto nivel a cárceles de baja seguridad.
La investigación del ente acusador determinó que entre los años 2015 y 2017, Arce Sepúlveda “contactó a internos de alto perfil criminal en diferentes centros penitenciarios del país y, a cambio de altas sumas de dinero, presentó por lo menos ocho tutelas con las que garantizó que fueran enviados a cárceles de Florida, Yotoco y Vijes (Valle del Cauca); y Miranda y Guapi (Cauca)”.
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Por esos hechos, en abril de 2023 un juez de la República profirió sentido de fallo condenatorio contra el jurista por ser el articulador de una organización delincuencial conocida como ‘Los Tutelantes’. Sin embargo, no sería hasta este jueves 22 de febrero que el Tribunal Superior de Cali determinaría que el sentenciado deberá cumplir una pena de ocho años y seis meses de prisión.
De acuerdo con el delegado contra la criminalidad organizada de la Fiscalía, Ricardo Romero, los delitos por los que el sentenciado deberá cumplir su condena en establecimiento carcelario son concierto para delinquir agravado y prevaricato por acción, por treinta eventos distintos.
La indagación de la Fiscalía, además, demostró que el jurista “cooptó a un juez penal municipal de Cali, y se concertó con varios dependientes judiciales, directores de las cárceles municipales de Florida y Miranda, y funcionarios de diferentes entidades que le suministraron certificaciones, entre otros documentos”, para lograr su propósito criminal.
Sobre los internos que se vieron beneficiados con sus “servicios”, el ente acusador indicó que mientras algunos cumplieron su condena en condiciones menos restrictivas, otros se fugaron o concretaron sus condenas en medio de mayores comodidades.
A continuación, las declaraciones del delegado de la Fiscalía, Ricardo Romero:
Imputan a exgobernador de Córdoba por financiar su campaña con dineros producto de la corrupción
La fiscalía General de la Nación también dio a conocer en las últimas horas que imputó al exgobernador de Córdoba, Edwin José Besaile Fayad, hermano de Musa Besaile, por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. La decisión se tomó luego de que el ente acusador comprobara que el exfuncionario regional recibió dineros producto de actividades corruptas para financiar su campaña electoral.
De acuerdo con la Fiscalía, “los elementos de prueba indican que, en su condición de candidato durante el segundo semestre de 2015, recibió personalmente 2.100 millones de pesos de manos del entonces mandatario departamental, Alejandro José Lyons Muskus, y de una tercera persona”.
“Los dineros que presuntamente recibió el señor Besaile Fayad correspondían en gran parte a las coimas o ‘comisiones’ que le habrían sido entregadas al gobernador Lyons Muskus por reconocer recobros millonarios por supuestos servicios médicos a pacientes de hemofilia, lo que fue denominado en su momento como ‘Cartel de la Hemofilia’”, detalló la entidad.
Los recursos, según el ente acusador, tenían como propósito financiar su campaña política. A cambio, el entonces aspirante a la Gobernación de Córdoba, tuvo que firmar dos letras de cambio por 2.100 y 1.900 millones de pesos.
“Para esto, entre los años 2012 y 2015, el entonces gobernador Alejandro José Lyons Muskus, acordó con el exsenador Musa Besaile repartir el dinero de las comisiones que recibían de manera ilegal, a partir de los recursos destinados por los temas, regalías y salud procedentes más exactamente de los convenios de ciencia y tecnología y los recobros de los servicios no POS prestados a los pacientes Hemofílicos”, señaló días atrás la Fiscalía.
El ente acusador además determinó que el hoy imputado siempre tuvo conocimiento del origen ilícito de los recursos para financiar su campaña, y aún así los utilizó para fortalecerla e incrementar su patrimonio.
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