Galeón San José: litigio internacional comenzó formalmente

El 22 de febrero de 2024, la directora (encargada) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Paula Robledo, anunció que comenzó, formalmente, el litigio internacional, en la Corte Permanente de Arbitraje, entre el Estado colombiano y Sea Search Armada, la empresa estadounidense cazatesoros, que reclama por los derechos sobre el descubrimiento del galeón San José.

La funcionaria, durante el Simposio Internacional Perspectivas y Desafíos en la Investigación del Hallazgo del Galeón San José, advirtió: “Esto nos genera una alerta que como Estado tenemos que atender de manera coordinada el sector cultura, de justicia, defensa y todos los que hacemos parte de esta mesa de trabajo por la defensa de nuestro patrimonio cultural”.

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También señaló que “el camino de nuestra defensa del galeón San José no será un camino fácil. Sea Search armada reclama USD10.000 millones, correspondiente a lo que ellos llaman el 50% del galeón San José. Y hago hincapié en lo que ellos llaman, porque no es el tesoro del galeón, es nuestro patrimonio cultural”.

Robledo reparó, durante su intervención en el Simposio Internacional Perspectivas y Desafíos en la Investigación del Hallazgo del Galeón San José, en que desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se han “repelido las amenazas y los reclamos de estos caza tesoros en las Cortes del Distrito de Washington, incluso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Enseguida, señaló que lo que corresponde, ahora, es “defender nuestro patrimonio cultural en el contexto de un complejo arbitraje de inversión, iniciado en el marco del tratado de promoción comercial entre Colombia y Estados Unidos”.

La funcionaria también recordó que, a mediados de 2023, el Estado solicitó al Tribunal de Arbitramento Internacional rechazar las pretensiones de Sea Search Armada “exponiendo su frivolidad con el fin de que el Tribunal la rechazara de plano, sin estudiar el mérito y su contenido” y reconoció que en “la historia del arbitraje de la inversión solo un caso ha logrado terminarse en su fase inicial, pero no podíamos dejar de hacerlo porque tenemos el deber de generar todas las estrategias jurídicas posibles para defender nuestro patrimonio cultural”.

¿En qué va el pleito?

Las pretensiones de Sea Search Armada vienen desde 1982, cuando dicen que descubrieron los restos del galeón San José, años antes de que el Estado colombiano anunciara que se habían encontrado los restos del naufragio de 1708, en las costas de Cartagena.

Entre los argumentos del Estado para negar las pretensiones de la compañía es que esta no ha realizado inversiones en Colombia, según lo exigen el Tratado de Libre Comercio, vigente con Estados Unidos.

De acuerdo con información del El Espectador, durante las audiencias de diciembre de 2023, en la Cámara de Comercio de Bogotá, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado advirtió que el Estado nunca le reconoció a Gloca Morra Company (antecesora de Sea Search Armada) derechos económicos sobre galeón San José, y que, en los ochenta, cuando la compañía solicitó los permisos para explorar las aguas del Caribe colombiano, nunca especificaron que estaban buscando los restos del naufragio.

También adjuntaron pruebas como el informe de la empresa, de 1982, en el que no se menciona al galeón, cosa que era poco probable se omitiera y que, en 1994, cuando el Estado contrató a Columbos Exploration, para buscar los restos del naufragio, según las coordenadas de Gloca Morra, no se halló nada, incluso luego de ampliar la zona de búsqueda para evitar errores.

La compañía estadounidense, por su parte, se ha parado en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, de 2007, que determinó que quien encuentre un tesoro arqueológico, tiene el derecho a un porcentaje del mismo, en el caso del galeón San José, sube al 50%, de lo que encontrado.

Sin embargo, el Estado ha argumentado que en la sentencia nunca se estableció que el galeón estuviera dentro de esos tesoros arqueológicos, además de insistir en que los monumentos históricos y arqueológicos no pueden ser considerados como tesoros.