A menos de una semana de haberse acordado una prórroga de seis meses entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), presuntamente, el grupo armado habría anunciado un nuevo paro armado en Chocó por medio de un comunicado.
La noticia ha generado tanta indignación en varios sectores, que, incluso, han cuestionado la efectividad del cese primer cese al fuego que se pactó con la guerrilla, que empezó en agosto de 2023. La senadora Paloma Valencia criticó el accionar del grupo armado en tiempos en los que, se supone, se prohíbe el uso de las armas y otros métodos de hostigamiento contra la población civil.
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“Aquí nos dicen que se cumplieron a un 90% y uno se pregunta, ¿cuál 90%?, si el ELN ha asesinado a más de 30 personas este año. Entonces, si es el 90%, habrían matado 350 este año”, aseveró la congresista en un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter).
Asimismo, lanzó fuertes señalamientos en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro, nominado a un premio Nobel por las conversaciones de paz con el grupo armado. Dijo que los colombianos están siendo engañados y que el paro armado, presuntamente anunciado por el ELN, da cuenta de ello.
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“Nuevamente, los colombianos secuestrados por los violentos y no hay fuerza pública para combatirlos, porque el Gobierno firmó un cese al fuego y están totalmente protegidos. Yo creo que no nos pueden seguir haciendo esa trampa a los colombianos”, añadió Valencia en la red social.
Por otro lado, aseguró que los ceses al fuego han funcionado únicamente como despejes o zonas de distensión para los grupos armados, especialmente, con el ELN, que no solo se comprometió a abstenerse de ejecutar ofensivas, sino que también anunció que no seguiría secuestrando y que empezaría a liberar rehenes.
Durante el gobierno del expresidente Andrés Pastrana, El Caguán fue una zona catalogada como “de distensión”, es decir, desmilitarizada, por ser donde se llevarían a cabo las conversaciones de paz con las antiguas Farc.
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Las justificaciones de la guerrilla para efectuar un paro armado

A pesar de la existencia de una cese al fuego vigente y, además, prorrogado, el ELN habría encontrado razones suficientes para justificar un paro armado en Chocó. La primera está relacionada con una precaria “situación humanitaria” en el departamento; la segunda, con una presunta alianza entre la fuerza pública y los paramilitares, que “arrecia contra la población humilde”.
“Se viene presentando combates con nuestro Ejército de Liberación Nacional en defensa de las comunidades en el territorio, seguimos denunciando la colusión entre militares y paramilitares de la región. Por tal motivo decretamos paro armado indefinido en los ríos San Juan, Sipí y Cajón, a partir de las 00.00 horas del día 10 de febrero del año en curso, con el fin de salvaguardar la vida e integridad de la población”, se lee en el comunicado.
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Ahora, 27.000 habitantes de Istmina, Litoral del San Juan, Medio San Juan, Sipí y Nóvita podrían terminar confinados si se confirma que, en efecto, el ELN está detrás del panfleto amenazante y cumple con implementar el paro armado.
Al respecto, la gobernadora de Chocó, Carolina Córdoba Curi, aseguró que la población chocoana, nuevamente, se enfrentará a una violación masiva de los derechos humanos por el paro armado.
“El confinamiento al que viene siendo sometida la población de más de 5 municipios del Río San Juan no puede ser admitida desde ningún punto de vista. Aboca a la intervención de todas las entidades del orden nacional y territorial, así como de los cooperantes internacionales. ¡Se trata de los Derechos Humanos de la gente!”, añadió la gobernadora en X.
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