Cuál es el escándalo de corrupción por el que condenaron al exgobernador Juan Carlos Abadía a más de 20 años

En la noche del martes 6 de febrero fue capturado el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía por orden de la Corte Suprema de Justicia, que el 20 de noviembre de 2023 lo había hallado culpable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado por la cuantía.

Por esos motivos, deberá pagar una condena de 21 años de cárcel, gracias al fallo de la Sala de Primera Instancia de la Corte, mientras espera otra audiencia que tiene pendiente en la que se definirán los montos.

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El fallo, de 178 páginas y que fue conocida por el diario El Tiempo, indica que el exmandatario departamental deberá pagar una pena de “259 meses y 15 días de prisión, multa de $817.482.400.00 más 187.94 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos para un total de $914.271.500″, que deberán ser pagados al Ministerio de Justicia.

Además, se le impuso una “inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en 240 meses y de inhabilidad intemporal”, según el fallo cuyo ponente fue el magistrado Augusto Torres.

La sentencia de Abadía se debe a sus actuaciones en 2010, cuando era gobernador del Valle del Cauca. En aquel entonces gestionó un contrato de 1.072 millones de pesos con la Fundación Calimío para la dotación de 40 bibliotecas escolares en los municipios de Bugalagrande, Riofrío, Andalucía, Trujillo, Bolívar, San Pedro, Yotoco, Vijes, La Victoria y Toro.

Del total del valor del contrato, la administración departamental debía aportar 1.000 millones, mientras que el restante sería aportado por la mencionada entidad.

De acuerdo con El Tiempo, el 15 de marzo de 2010 tres empresas presentaron sus propuestas por el mismo valor, que consistía en la cotización de una lista de libros seleccionados por Secretaría de Educación para llevarlos a los colegios. Pero en realidad esas empresas eran solo una fachada para las verdaderas intenciones del contrato: direccionarlo a la fundación Calimío.

Aquella firma ni siquiera tenía la experiencia para llevar a cabo tal labor, además recurrió a una subcontratación para poder adquirir los libros, sin que eso estuviera estipulado en el contrato. A todo esto se le suma que varios exfuncionarios de la Gobernación cometieron una serie de irregularidades dentro de la falsa licitación para favorecer a la fundación.

“Se infiere que el acusado Abadía Ocampo acordó, por lo menos con su secretario de Educación -Eiber Gustavo Navarro Piedrahita-, la manipulación del proceso contractual aprovechando la desconcentración del trámite en la dependencia a cargo de este último funcionario, para que desde primigenia oportunidad, esto es, desde la elaboración de los estudios previos y sin sospecha alguna, se escogiera una modalidad que permitiera con facilidad adjudicar sin problema el contrato a dedo a la fundación Calimío”, se puede leer en la sentencia, conocida por el medio mencionado.

Si bien el objeto del contrato sí se cumplió, es decir que finalmente sí se entregaron los libros, la Gobernación recurrió a una serie de artimañas para defraudar al erario público, seleccionando de forma irregular a la fundación y pagándole unos precios desproporcionados por la entrega del material.

La Corte encontró que el crimen se planeó con tal minucia, que se consumaron para evitar la licitación, direccionar el contrato a la fundación y elaborar con irregularidades los estudios previos.

“Se insiste, el aporte efectuado por Abadía resultó trascendente, pues al incumplir en su totalidad con sus deberes legales y constitucionales permitió la consumación de los punibles por los que se le juzga, ello sin pasar por alto, queel secretario de educación, Eiber Gustavo Navarro Piedrahita, por estos mismos hechos fue condenado”, añade la sentencia.