
El 31 de enero de 2024, fueron capturadas 14 personas, entre militares activos, e inactivos, y civiles, que habrían conformado una red de corrupción en el Ejército Nacional para tramitar libretas militares de forma irregular y fraudulenta. El primero de enero, la Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo en el sistema informático, daño informático y falsedad en documento privado.
Durante la diligencia, que fue suspendida y continuará el viernes 2 de febrero, por solicitud de la defensa de los implicados, se revelaron algunos detalles de cómo funcionaba el entramado de corrupción que urdieron los cinco militares activos, nueve retirados y el particular, que, desde 2016, habrían tramitado más de 10.000 libretas en todo el país.
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Durante la investigación, la Fiscalía recabó 500.000 horas de audio, 150 elementos de prueba de las fases 1 y 2 cuentan con evidencia digital, búsqueda selectiva en bases de datos, auditorías, mensajes de texto, entre otras pruebas.
Una de las pruebas que presentó la Fiscalía durante la audiencia tiene que ver con los cobros que realizaban los militares para tramitar las libretas militares: “Ofrecían ese servicio por valor entre 900 (mil pesos) a 5 millones (de pesos), recibían los pagos, recolectaban la información para luego suministrarla al coordinador de la red”, reveló el ente acusador.
También se develó que un sargento retirado era quien lideraba la red, coordinaba los trámites, recibía la información de los demás involucrados, accedía a la plataforma Fenix de reclutamiento y con una conexión VPN, una red privada virtual que oculta la identidad y dirección IP del usuario, para alterar los registros y emitir las libretas militares.

“Las modificaciones y cambios de estados en el sistema misional Fénix de manera irregular, sin contar con la documentación soporte para acreditar la excepción de ley y sin cumplir con el flujograma de estados del sistema Fénix en el Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional”, aseguró una fuente oficial según El Tiempo.
Sin embargo, según información de Semana, fuentes cercanas al proceso aseguraron que luego de perfilar a los jóvenes y determinar que estudiaban en colegios privados y que provenían de familias de altos ingresos, los militares ofrecían expedir la libreta de segunda categoría, sin tener que hacer el papeleo necesario, cobrándoles entre $2 y $38 millones.
Además, se supo que, de acuerdo a las estimaciones de las autoridades, el Ejército dejó de recibir más de $22.000 millones durante el tiempo que la red estuvo activa, por lo que ya se inició, según Semana, un proceso de extinción de dominio contra algunos integrantes de la red, que, a la fecha, arroja el decomiso de 41 bienes, que estarían rondando los $14.000 millones.
¿Quiénes son los capturados?

La red estaba integrada por cinco uniformados activos, nueve retirados y un civil, que responde al nombre de Jorge Stiven Tabares Jaramillo. Las capturas se hicieron en Florencia (Caquetá), Medellín (Antioquia), Bogotá (Cundinamarca), Tunja y Samacá (Boyacá), Cali y Palmira (Valle), Valledupar (César) y Villavicencio (Meta).
A continuación, se reproducen los nombres de los militares capturados.
Militares activos:
- Herbert Augusto Blanco Ruiz,
- Javier Andrés Borrero Chavarro,
- Edwin Arley Rodríguez Aponte,
- Fredy Meza Porras y
- Freimerth Saith Otalora Salgado
Militares retirados:
- Faiver Coronado Camero,
- Diana Marcela Molano Rojas,
- Fernando Otalora Valencia,
- Rodrigo Alonso Ágreda Camargo,
- Hernán Rodrigo López Paez,
- Juan Pablo Colorado Jaramillo,
- Melquisidec Amaya Nope y
- Luis Ariel Chavarro Marín.
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