La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunció que se encuentran organizando un plantón en el centro de Bogotá para la segunda semana de febrero, exactamente el jueves 8, con el objetivo de presionar a la Corte Suprema de Justicia para que seleccione al siguiente fiscal General de la Nación de forma inmediata.
Este evento se llevará a cabo en la plazoleta de la Corte Suprema, en pleno corazón de la capital colombiana, a partir de las 8:30 de la mañana. El llamado se realiza bajo la consigna #ElecciónDelFiscalYA, uniéndose a diversas fuerzas políticas, grupos de defensa de derechos humanos y sectores de la justicia en Colombia.
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La convocatoria surge en un contexto en el que la actual administración del fiscal Francisco Barbosa y la vicefiscal Martha Mancera ha sido criticada por presuntamente utilizar su posición y el aparato estatal para fomentar la impunidad frente a serias violaciones de derechos humanos y lo que el presidente Gustavo Petro ha descrito en reiteradas ocasiones como un “golpe blando” en el país.
La CUT expresó su preocupación al declarar que la Corte no debe continuar respaldando lo que consideran que es una manipulación por parte de la Fiscalía hacía el establecimiento judicial.
“La Corte no puede seguir haciéndole el juego, al establecimiento en que está sometida la Fiscalía. Por lo anterior convocamos a un plantón y donde existan las condiciones en el país para la movilización”, CUT
El contexto de esta movilización incluye un intento fallido de elección para el sucesor de Barbosa el jueves 25 de enero, cuando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no lograron consenso sobre ninguna de las candidatas propuestas por el jefe de Estado, al no alcanzar los 16 votos necesarios. La siguiente votación está programada para coincidir con la fecha del plantón, el 8 de febrero, lo que subraya la urgencia y relevancia de la manifestación convocada por la CUT.
Este caso demuestra una vez más la intersección de la política, la justicia y los derechos humanos en Colombia, resaltando el papel activo de las organizaciones laborales y sociales en la vigilancia y demanda de procesos judiciales transparentes y justos. La situación actual evidencia la complejidad y la importancia de la elección del próximo fiscal general, en un momento clave para la nación sudamericana.
Se acaba el plazo para elección del fiscal General de la Nación
El fiscal General, Francisco Barbosa, concluirá su mandato el 12 de febrero luego de asumir el cargo en 2020 bajo el gobierno del entonces presidente Iván Duque. Durante su gestión, Barbosa se ha posicionado como una figura opositora a la actual administración liderada por Gustavo Petro.
Esta situación lo ha colocado en el centro de numerosas polémicas y debates nacionales. Hasta la fecha, la Corte Suprema no ha designado a su sucesor, creando una atmósfera de incertidumbre. La terna presentada por Petro el pasado 2 de agosto incluye a las abogadas Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo, esta última reemplazando a Amparo Cerón tras cuestionamientos sobre su gestión en el caso Odebrecht.
La elección del nuevo fiscal General ha avanzado lentamente, con la Corte Suprema postergando la decisión durante su última sesión plena el 25 de enero. Se anticipó que sería difícil que alguna de las candidatas obtuviera los 16 votos necesarios para ser elegido, una situación que se confirmó cuando 13 magistrados optaron por el voto en blanco, según reportó Caracol Radio. Esta demora es parte de un patrón histórico, ya que los últimos cuatro fiscales generales asumieron sus cargos tras períodos interinos.
La decisión de la Corte Suprema y el ritmo pausado en la selección del nuevo fiscal general reflejan la complejidad y los desafíos políticos inherentes al proceso. Las candidatas propuestas por Petro han tenido la oportunidad de presentar sus planes y visión para la Fiscalía, lo que indica la búsqueda de un perfil que pueda abordar los retos actuales que enfrenta Colombia en materia de justicia y orden legal.
Sin embargo, la prolongada incertidumbre subraya la importancia de la transparencia y la eficacia en estos procesos de alto nivel para mantener la confianza en las instituciones del Estado.
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