Luego de más de siete horas de audiencia, el juez 15 Penal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, Álvaro Medina Cotes, aplazó el martes 30 de enero la audiencia en la que se determinaría la legalidad del principio de oportunidad entre Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, y la Fiscalía General de la Nación.
La diligencia judicial se retomará el jueves 1 de febrero, a partir de las 9:00 a. m., cuando el togado deberá definir si avala o no lo establecido entre Vásquez y el ente acusador, con el que la mujer buscaría entregar información relevante con respecto al caso que salpica a la familia presidencial: pues como confesó Petro Burgos, el dinero que recibió y por el que afronta juicio, iba con destino a la campaña de 2022.
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La decisión de postergar la audiencia se tomó luego de la intervención del fiscal Mario Burgos Patiño, a cargo del caso, y que imputó a la mujer los delitos de lavado de activos y violación de datos personales. Y de que la propia Day Vásquez pidiera perdón a Laura Ojeda, actual compañera sentimental de su exmarido, por haber interceptado su dispositivo móvil y obtenido de manera fraudulenta sus contactos.
“Yo, Daysuris del Carmen Vásquez Castro, lamento profundamente haber procedido valiéndome de maniobras y recursos no autorizados, para obtener datos personales de la señora Laura Ojeda”, indicó Vásquez, que en caso de que el togado declare legal el principio de oportunidad firmado con la Fiscalía, tendrá inmunidad inicial por dos años, como parte del trato para contar todo lo que sabe.
Además, la iniciativa de reparación de Vásquez a Ojeda contempla una manifestación pública, no solo a través de redes sociales, sino en los medios de comunicación, en los que reiterará su deseo de pedir perdón. Cabe destacar que la audiencia se llevó de manera reservada, ante la solicitud de la defensa de Ojeda, a cargo del abogado Miguel Diez, debido a que se violaría su derecho a la intimidad.
“Existe una tensión entre el derecho a la información que le asiste a los medios de prensa y el derecho a la intimidad. Por eso el despacho decreta que la audiencia se haga de manera reservada sin intervención de la prensa”, dijo el togado Medina Cotes, pese a que dejó en claro la entrega de información relevante en el avance de la diligencia.
En la sesión, quedó constancia de la consignación de $40 millones a la Fiscalía como parte del trato para gozar del beneficio acordado, en pago que se hizo efectivo el mismo martes 30 de enero, según consta en el comprobante y que no tendría como destino a Laura Ojeda, sino a la Gobernación del Atlántico: declarada víctima en su proceso, por la celebración indebida de contratos.
Nicolás Petro sería imputado de nuevos cargos por la Fiscalía
A la par de que avanzó la diligencia en la que se determinaría la legalidad del acuerdo alcanzado entre Vásquez y el ente acusador, también se conoció, de parte del fiscal Mario Burgos, los nuevos delitos que imputaría al exdiputado del Atlántico, además de que solicitará medida de aseguramiento en su contra; en el caso en el que fue señalado de un incremento patrimonial injustificado de $1.053 millones.
Los nuevos delitos que serán endilgados a Petro Burgos son los de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y celebración de contratos sin requisitos legales, que se sumarían al de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por los que afronta un juicio luego de desechar la posibilidad de firmar un principio de oportunidad.
Lo anterior, tras la recolección de pruebas que indicarían la responsabilidad de Petro Burgos en lo que respecta a la obtención de coimas por contratos efectuados con la Gobernación del Atlántico, a través de una fundación; además de la intención de camuflar los montos dados por hombres como Santander Lopesierra y Alfonso Turco Hilsaca a través de maniobras al parecer fraudulentas.
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