A través de una columna publicada por el comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), alias Antonio García, se refirió al plan del Gobierno nacional sobre las economías ilícitas e ilegales en Colombia.
El jefe guerrillero aseguró que existe un debate pendiente respecto de este tema, que es crucial en medio de las negociaciones de paz con el ELN.
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En primer lugar, García mencionó que el presidente Petro no ve con prioridad el cese al fuego, “si no está presidido de una discusión sobre los planes de destrucción de las economías ilícitas”.
“Además de restarle importancia a uno de los principales esfuerzos de la Mesa de Diálogos, sus declaraciones dieron la impresión de que para el Gobierno el principal factor del conflicto social, político y armado fueran las economías ilícitas”, dijo el comandante del grupo guerrillero.
En segundo lugar, consideró como “discursos peligrosos” el que el presidente hable de “destruir”, como él mismo lo dijo, y de “declarar una guerra frontal” contra las economías consideradas ilícitas, como afirmó al comienzo de 2024 el comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez.
“Estos son los mismos que durante décadas han legitimado estrategias militares, de persecución y represión de los sectores vulnerables como cocaleros, raspachines y pequeños mineros, sin tocar siquiera a quienes realmente se lucran de estos negocios”, dijo Antonio García.
Dijo, que las reflexiones de Petro se quedan cortas, “pues no solo es necesario repensar las economías ilegales, sino que también es fundamental revisar las dinámicas de las economías extractivas, que sí son consideradas legales, donde las Fuerzas Militares del Estado actúan en connivencia y coordinadamente con los paramilitares protegiendo a las transnacionales y desarticulando el tejido social y las comunidades en los territorios, para sembrar el despojo”.
Lo anterior, aclarando que en muchos casos lo que el Gobierno considera “legal” ha resultado peor que lo que se entiende por ilícito. Para ello citó tres ejemplos:
1. El asesinato de líderes sociales y sindicales por parte de empresas extranjeras. “Un caso que ha generado debate en la actualidad por el involucramiento de Álvaro Uribe Vélez, fue el asesinato de tres sindicalistas del Cesar en 2003, por parte de la minera Drummond. Esa multinacional, además, también habría tenido vínculos con los paramilitares”.
2. La base de datos de la JEP confirmó que, entre 2005 y 2008, las Fuerzas Militares asesinaron a 93 personas en municipios de Casanare y Boyacá, de las cuales según García “69 ocurrieron en zonas aledañas a los campos que la multinacional British Petroleum explotó hasta el 2010″.
3. La creación de las Estructuras de Apoyo (EDA) de la Fiscalía para “observar delitos contra la infraestructura minero energética”, las cuales han judicializado a decenas de líderes. Hace años se comprobó que mantienen convenios con el sector minero energético. Además, 70 empresas de este sector tienen acuerdos de cooperación con instituciones públicas como el Ministerio de Defensa.
Por otro lado, el jefe guerrillero aprovechó para dejar claro que el ELN no tiene cultivos, ni laboratorios, ni rutas de narcotráfico; “en cambio, nuestras estructuras responden a la orientación del deslinde categórico con el narcotráfico y podemos demostrarlo”.
Agregó que, en ese sentido, hace un llamado nuevamente a la comunidad internacional, a las organizaciones interesadas y al mismo Gobierno, “para que se constituya una comisión internacional que examine que lo que decimos es verdad y no los inventos de las empresas de la comunicación en su guerra mediática”.
Finalmente, aseguró que a la reflexión del Gobierno sobre economías ilícitas “le falta una pata”. Para Antonio García: “La construcción de la paz sí requiere un debate profundo alrededor de las economías, pero no solo ilegales sino también las legales que son motor del conflicto armado, social y político, con el apoyo del Estado”.
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