En el marco de la lucha contra la delincuencia, específicamente la extorsión, las autoridades han logrado identificar grupos criminales que operan en la frontera entre Bogotá y el municipio vecino de Soacha.
El objetivo primordial de esta ofensiva es desarticular de manera directa las estructuras delincuenciales que amenazan la seguridad de los ciudadanos, especialmente los comerciantes en el sector de Altos de Cazucá, en la frontera invisible entre el municipio de Soacha y Bogotá.
Para lograr este propósito, las autoridades llevan a cabo operativos y jornadas de sensibilización en la comunidad, buscando fomentar la denuncia y facilitar la individualización, captura y correcto procesamiento judicial de los criminales. Las constantes denuncias por extorsión en Soacha, provenientes presuntamente de sujetos en centros penitenciarios, a través de llamadas y panfletos, han elevado la urgencia de estas acciones.
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El capitán Diego Enrique Rey, del Gaula de Soacha, advierte sobre el modus operandi, en el que los delincuentes aprovechan la información obtenida de bases de datos públicas en centros penitenciarios para exigir sumas que oscilan entre 500 mil y 12 millones de pesos a sus víctimas.
“Estas llamadas las hacen desde los centros penitenciarios y carcelarios, desde donde obtienen información de las bases de datos públicas. De allí obtienen nombres completos, números de cédulas, dirección y razón social de los establecimientos. Los delincuentes aprovechan esta información para exigirles a sus víctimas sumas que van desde los 500 mil pesos hasta los 12 millones de pesos”, según mencionó el capitán del Gaula de Soacha, Diego Enrique Rey, en conversaciones con Citytv.
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La zona limítrofe entre Bogotá y Soacha se convierte en una frontera invisible donde operan al menos cuatro bandas delincuenciales especializadas en extorsión, principalmente en Altos de Cazucá y Ciudad Bolívar, según lo mencionado por Enrique Rey en conversaciones con el medio ya mencionado.
Las autoridades ya tienen en la mira a estas organizaciones criminales, habiendo realizado al menos treinta capturas por extorsión en Soacha durante el pasado año 2023.
Las autoridades del municipio vecino trabajan en colaboración con la Policía Metropolitana de Bogotá para ampliar la cobertura y mitigar las actividades delictivas.
Pese a que las autoridades han confirmado la existencia de cuatro grupos criminales operando en esta área limítrofe, no se ha detallado los nombres de las organizaciones, sin embargo, históricamente esta zona han sido ocupadas por diferentes grupos armados y bandas de crimen organizado y común, incluyendo el Tren de Aragua, células guerrilleras y paramilitares; bandas como los Paisas y los Looney Tunes.
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Así va Colombia sobre la lucha contra la extorsión
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha instado al Gobierno Nacional a adoptar medidas urgentes y efectivas para hacer frente a la creciente problemática de la extorsión, tras revelarse un incremento del 20,5% en los casos de extorsión desde el 2020 hasta el 2023.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, resalta que tanto grupos ilegales como los reclusos dentro del sistema penitenciario están detrás de las extorsiones, estas últimas efectuadas desde las cárceles mediante llamadas de celular. La Defensoría ha denunciado que directores de establecimientos carcelarios y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) han recibido amenazas.
De los 125 centros penales del Inpec, únicamente en 16 se ha instalado tecnología para inhibir señales de comunicación móvil, funcionando adecuadamente solo en seis. Por su parte, el procurador delegado de Derechos Humanos, Javier Sarmiento, expresó en W Radio la necesidad de reforzar los controles de acceso a los penales, dado que los dispositivos móviles no llegan a las cárceles por sí solos.
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Asimismo, la Procuraduría General de la Nación ha sugerido la creación de una unidad especializada en combatir la extorsión desde las cárceles, la cual representa el 41% del total de extorsiones en Colombia.
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