Ante aumento de extorsión carcelaria, Procuraduría pide intensificar los controles de ingreso de teléfonos móviles a las cárceles

La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta por el incremento de la extorsión carcelaria en el país. En ese sentido, pidió a las directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) evaluar la creación de una unidad enfocada en atacar tal flagelo, que corresponde al 41% de todas las extorsiones del país, según cifras oficiales.

El principal problema, de acuerdo con el Ministerio Público, es que de los 22 inhibidores de señal telefónica que se instalan al interior de las cárceles para evitar que desde allí se hagan llamadas telefónicas, solo funcionan dos.

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Por ese motivo, Javier Sarmiento, procurador delegado de Derechos Humanos, alertó a través de los micrófonos de la emisora W Radio a los ministerios de Defensa y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y de Justicia sobre esta situación. “Desde la Procuraduría estamos muy preocupados por el aumento de la extorsión en modalidad digital en un 136%”, dijo el funcionario.

Además, explicó que “en 2022 tuvimos cifras de denuncia de 1.543 interpuestas por diferentes personas, y para 2023 se duplicó: 3.640 denuncias, lo que generó que desde la Procuraduría hiciéramos ese llamado a MinTIC, MinJusticia y MinDefensa para que adopten medidas frente al tema”.

Y añadió: “Solicitamos la creación de una unidad judicial exclusiva especializada e interinstitucional para hacer frente a esa situación”. Así mismo, explicó que es necesario “intensificar y fortalecer los controles de ingreso en las cárceles, los celulares no entran por magia a las cárceles, los ingresan las familias y los cuerpos de vigilancia, de lo contrario no existirán este tipo de dispositivos. Hay una gran tarea, sabemos de la Operación Dominó, pero lo cierto es que es insuficiente”, concluyó.

Según informó el diario El Tiempo, el Inpec ya está evaluando medidas a tomar frente a la alerta emitida por la Procuraduría. Por lo pronto se cuenta con una Unidad Investigativa que tiene a un fiscal delegado por la Fiscalía General de la Nación, y se está evaluando sumar a esta dependencia a la Procuraduría para fortalecerla y conseguir resultados de forma más rápida.

La razón para tomar esa medida es porque creen que la Rama Judicial se demora mucho en los procesos contra los presos y los internos, que cuentan con la posibilidad de defenderse en dos estancias.

Además, se está estudiando la posibilidad de trabajar con el Ministerio de Justicia para modificar el Código Penitenciario con el fin de que portar un celular dentro de un centro carcelario sea considerado como un delito que deba ser judicializado por la Fiscalía. Pero esa medida debe ser analizada cuidadosamente, puesto que se podría afectar el ejercicio periodístico, los de las fundaciones que trabajan con reclusos y hasta de los funcionarios del Inpec.

Frente al funcionamiento de los inhibidores, el jefe del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, señaló en una entrevista para El Tiempo que ese es un tema manejado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, que es la encargada de diseñar la infraestructura en las cárceles. También señaló que la entidad desarrolló la Operación Dominó para erradicar la extorsión de las cárceles.

“Tenemos cerca de 27 servidores penitenciarios por hechos de corrupción, 125 capturados en flagrancia (los que tratan de ingresar elementos no permitidos) y alrededor de 5.400 investigaciones abiertas para un total de 3.800 servidores investigados”, dijo y añadió que en 2023 se incautaron 33.000 celulares en centros carcelarios de todo el país.