La extorsión carcelaria persiste como uno de los delitos más perjudiciales para la ciudadanía en Colombia, y el Gobierno ha reconocido la limitación de los inhibidores de señal como la solución más efectiva para combatir este fenómeno delictivo en aumento, según informó la Procuraduría.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, admitió que el uso de inhibidores de señal para bloquear las llamadas desde las cárceles no solo afecta a los reclusos sino también a las comunidades circundantes. Dado que se han presentado tutelas recurrentes y, por orden judicial, se han eliminado estos dispositivos.
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El ministro Iván Velásquez confirmó que se están llevando a cabo reuniones con los ministros de las TIC y Justicia, así como con el director de la Policía Nacional de Colombia, para explorar nuevas tecnologías que contrarresten la extorsión carcelaria sin impactar negativamente a las comunidades vecinas a estos sitios.
A pesar de los desafíos tecnológicos, las autoridades han logrado identificar a 30 personas, incluyendo varios líderes de ‘La Inmaculada’, vinculados a la extorsión carcelaria. Se ha implementado un plan especial con traslados para evitar que estos individuos reincidan en el delito.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, destacó la seriedad con la que se toma la advertencia de la Procuraduría y afirmó que están comprometidos en redoblar esfuerzos y ejecutar un plan específico para abordar la situación.
Las extorsiones desde las prisiones aumentan en Colombia
La extorsión desde las cárceles es uno de los temas en seguridad que más preocupa a la Procuraduría General de la Nación, que recientemente alertó al Gobierno nacional para que se ponga un freno a esta problemática.
Desde el órgano de control informaron sobre algunas irregularidades en las medidas para enfrentar este flagelo que afecta a ciudadanos del común, comerciantes y empresarios.
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De acuerdo con el Ministerios Público, la extorsión desde las cárceles está en aumento y las medidas para frenar el problema son insuficientes. En un comunicado emitido este miércoles 10 de enero de 2024, la Procuraduría “rajó” al Gobierno en este tema.
La preocupación de esa entidad se da por las alarmantes cifras en la comisión de este delito. Según sus números, la extorsión carcelaria va en aumento y ya representa el 41% de los delitos que se cometen desde los establecimientos penitenciarios del país, siendo el Valle del Cauca el departamento con una mayor incidencia.
Así mismo, desde la Procuraduría General de la Nación señalaron que el problema está incrementando por “falta de operatividad del Gobierno” y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Según lo establecido por el Ministerio Público, las medidas que se han tomado para hacerle frente a este problema son insuficientes. Eso, de acuerdo con la entidad, se evidencia en el mal funcionamiento de los equipos bloqueadores de señal.
La Procuraduría informó que de 22 de estos equipos, instalados en igual número de cárceles en el país, en la actualidad solo dos presentan un correcto funcionamiento.
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