Ante la crisis de orden público que está viviendo Ecuador y el anuncio que hizo este mismo Gobierno de eventualmente repatriar un poco más de 1.400 presos colombianos que se encuentran pagando sus penas en cárceles de este vecino país, Colombia se pronunció.
Lo hizo mediante un comunicado de prensa, firmado en conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia. En siete puntos, las carteras hablaron del convenio que debe aplicarse para estos casos y recordaron que Colombia y Ecuador tienen lazos de amistad.
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En el mismo sentido, aclaró que, según este convenio internacional, “la repatriación de connacionales es un proceso individual —no masivo—, que responde a criterios objetivos —no a la simple voluntad de los Estados parte—, y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de libertad de conformidad con solicitud presentada por escrito por parte del interesado o de su representante legal o, por el país de nacionalidad del sentenciado, previo consentimiento de la persona que va a ser trasladada”.
Asimismo, explicó que las solicitudes deben ser estudiadas caso a caso, teniendo en cuenta que los criterios para efectuar un traslado por repatriación de personas condenadas son:
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- (i) Que la persona haya cumplido al menos el cincuenta por ciento (50%) de la pena.
- (ii) Que se presente estado de salud grave, progresivo e irreversible por enfermedad de la persona condenada en el extranjero; o, situación de discapacidad con deficiencia física o mental grave o completa, con dependencia severa o máxima total de la persona condenada; o, que la persona privada de libertad tenga sesenta y cinco (65) años o más; o por estado de salud grave, progresivo e irreversible por enfermedad de los padres, hijos y/o cónyuge o compañero(a) permanente de la persona condenada.
En un cuarto punto, el Ministerio de Justicia y del Derecho afirmó que está dispuesto a activar el trámite de repatriación bajo los parámetros establecidos en el Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves, firmado por el Estado colombiano y ecuatoriano en Esmeraldas – Ecuador el 18 de abril de 1990.
Sin embargo, el Gobierno nacional se mostró abierto al diálogo frente a la crisis que podría crearse si no se respetan los convenios, dejando ver que confía en el actuar y buena toma de decisiones del Gobierno ecuatoriano: “El Gobierno de Colombia confía en que la República del Ecuador tomará las medidas conducentes a preservar los derechos humanos de las personas privadas de libertad en su territorio, sin perjuicio de los trámites de repatriación a que haya lugar”.
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Finalmente, dejando ver que en este momento es solidario con la nación hermana por lo que está atravesando, reafirmó los lazos de amistad entre ambos.
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