
A tres minutos de que vencieran los términos que mantenían privados de la libertad a un auxiliar de la Policía y otro sujeto por, presuntamente, estar implicados en un atraco registrado la noche del 6 de enero en el sur de Bogotá, la Sijín entregó su informe sobre el caso, pero la Fiscalía encontró material probatorio suficiente como para prolongar la medida de aseguramiento.
Así habría quedado constatado en el formato “orden de libertad” que lleva el ente acusador, luego de que los señalados fueran puestos en libertad, a pesar del video que pesa en su contra.
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En él se ve cómo dos sujetos en moto se acercan a la víctima y la tumban al suelo para luego intentar robar sus pertenencias de valor, pero la algarabía alerta a los vecinos que terminan saliendo en su ayuda. De inmediato, la comunidad del barrio La Fragua se pone en contacto con la Policía y esta logra efectuar la captura de ambos sujetos.
“Los aquí indiciados OSCAR ALEJANDRO TORRES NIÑO y ALEJANDRO RAMIREZ RAMIREZ, fueron capturados el 06 de enero del año en curso a las 23:30 horas en la carrera 28 con calle 147 sur, inmediaciones del Barrio La fragua, de la localidad de Antonio Nariño, luego de que policías que patrullaban el lugar fueron alertados por voces de auxilio de la comunidad que daba cuenta de un hurto”, detalla el formato “orden de libertad”, revelado por la emisora Blu Radio.
Y continua: “Él se resiste, lo lanzan al piso y le esculcan los bolsillos y en ese momento salió su hermano y otros ciudadanos que lo defendieron, sin embargo dice el afectado le sacaron trescientos mil pesos del bolsillo y un celular marca Xiaomi”.
Los patrulleros que atendieron el llamado de emergencia de la comunidad identificaron a uno de los implicados como auxiliar de la Policía, pero ni siquiera su testimonio fue prueba suficiente como para mantener la medida cautelar.

Según detalló el coronel Juan Arévalo de la Policía Metropolitana de Bogotá, para el medio citado: “El funcionario fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por el delito que en el acto se tipifica. Al verificar su identidad se logró establecer que corresponde a un auxiliar de Policía, quien no se encontraba de servicio y a quien se le había concedido un permiso por calamidad familiar”.
Antes de ser dejado en libertad el auxiliar fue apartado de su cargo, mientras avanzan las investigaciones en su contra, una de ella interna. Él y el segundo capturado la noche del 6 de enero, además, fueron condicionados a atender los futuros llamados de la Fiscalía:
“Así las cosas, nos hallamos frente al delito de hurto consagrado en el art. 239, agravado por el art. 241 Núm. 10 por la destreza y pluralidad de sujetos activos, consumado, no atenuado. En consecuencia se tramita por el abreviado, y como quiera que la fiscalía no cuenta con elementos materiales probatorios para sustentar medida de aseguramiento se dispone acusar al indiciado y restablecer la libertad con el compromiso de comparecer a la Fiscalía cuando lo citen. Atendiendo a que el delito por el que se procede no comporta detención preventiva, el fiscal impuso bajo palabra compromiso de comparecencia cuando sea requerido”.
Las pertenencias del denunciante fueron recuperadas, pero, tanto él como la comunidad que participó de la captura al sur de Bogotá se sienten inconformes y con miedo de que el caso no logre llegar a puerto o los acusados tomen represalias, ahora que gozan de total libertad para moverse por la ciudad.
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