
El asesinato del concejal Eliecid Ávila en Tuluá (Valle del Cauca) ha levantado sospechas sobre la elección del personero municipal. Ávila, quien era parte de la directiva del Concejo de Tuluá, fue ultimado en la fecha de clausura del periodo de sesiones del órgano legislativo local, el 31 de diciembre de 2023. Estos eventos han propiciado que se considere la elección del personero como un posible móvil del crimen.
El Concejo que concluyó su periodo gubernamental ha iniciado el proceso para seleccionar al nuevo personero municipal. Este cargo tendrá la responsabilidad de ejercer vigilancia disciplinaria sobre los funcionarios del mandato del alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez. La elección del personero se llevará a cabo a través de un concurso de méritos, asegurando la idoneidad de quien asuma la importante función de supervisión.
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Eliecid Ávila, en su rol de primer vicepresidente del concejo municipal, tuvo la tarea de participar en el proceso de convocatoria a concurso organizado por la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, entidad que llevó a cabo el proceso en lugar de asignarlo a alguna de las universidades de la región. Esta decisión se tomó por razones que no han sido especificadas.
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“No sabría explicarte por qué o quién fue la persona que recomendó que el concurso se realizara a través de esta corporación universitaria y no por alguna de las universidades de la región, que hay muchas muy bien calificadas”, expresó de forma confidencial un exconcejal de Tuluá a El País de Cali.

Polémica convocatoria
La Corporación Universitaria Autónoma de Nariño informó que, de los 33 participantes admitidos en el concurso de mérito público y abierto, solamente 25 se presentaron a la prueba, tras la decisión de 8 candidatos de abandonar el proceso. El hecho marcó el inicio de controversias relacionadas con este proceso de selección.
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Las personas que superaron la primera etapa del proceso de selección de concejal de Tuluá han puesto en duda la idoneidad del examen aplicado. Afirmaron que las preguntas del examen no estaban relacionadas con el perfil del puesto al que aspiran. Esta situación se ha dado entre algunos de los 25 candidatos que avanzaron a la siguiente fase del proceso.
La convocatoria para seleccionar al nuevo personero dio como resultado final únicamente a un candidato, quien logró aprobar el examen de los 25 aspirantes que se presentaron. La prueba, dejó como resultado la descalificación de 24 postulantes, que obtuvieron puntuaciones significativamente inferiores al del participante que sí cumplió con el criterio de aprobación establecido.
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Una de las personas postuladas explicó en declaraciones a El País de Cali que “Lo que ocurrió con ese examen es una cosa absurda. Quienes se postularon para el cargo de personero de Tuluá eran personas con un alto perfil; entre ellos la actual personera del municipio, el personero de San Pedro, el personero de Bugalagrande, el personero de Riofrío, el personero disciplinario de Tuluá, entre muchas otras personas muy calificada. Lo ilógico y lo grave es que la prueba que trajo esa corporación universitaria no cumplía con los requisitos para el cargo que estábamos aplicando porque nos hicieron preguntas como para elegir al administrador de alguna empresa”.
Bajo sospecha
Los aspirantes al cargo de personero de Tuluá manifestaron inquietudes sobre posibles anomalías durante el proceso de selección. La denuncia se centra en la omisión de preguntas claves sobre derechos humanos, asuntos relacionados con víctimas del conflicto y cuestiones jurídicas propias de las responsabilidades diarias del cargo. Esto ha suscitado sospechas de un posible arreglo en la evaluación para beneficiar a determinados candidatos.
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Fueron muchas las reclamaciones de los postulados, pues no solo señalaron la falta de cuestionamientos relevantes durante las pruebas, sino que también se pronunciaron sobre una posible irregularidad en la publicación de resultados. La normativa exigía que la Corporación ratificara y comunicara los resultados en términos legales; sin embargo, los resultados se divulgaron dos días después del plazo estipulado, lo que podría resultar en la anulación del concurso. En respuesta a estas presuntas anomalías, se interpuso una tutela, pero esta fue negada por las autoridades correspondientes.
“A raíz de eso llamaron a los concejales para modificar el cronograma porque eso era extemporáneo; entonces Eliecid y otros dijeron que iban a consultar sobre si era legal hacer una prórroga y de inmediato los llamaron a una reunión extraoficial en el Concejo en la que hablaron del tema y tan pronto se retiraron del recinto, empezaron las amenazas”, comentó otro candidato al medio citado.
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Además, se supo que “con amenazas obligaron a que los concejales, incluido el mismo Eliecid Ávila, firmaran un documento de prórroga para legalizar el incumplimiento de la universidad”.
Llamado de alerta
La administración municipal de Tuluá solicitó la intervención de los entes de control ante amenazas de bandas criminales, La Inmaculada o La Oficina de Tuluá, con el fin de garantizar la transparencia en la elección del personero que se llevará a cabo esta semana. La elección de este funcionario, representante del Ministerio Público en el municipio, se ha visto empañada por la presión de grupos delictivos que podrían influir en el proceso.
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