Cambios internos dentro del DNI pondrían en riesgo la inteligencia y contrainteligencia del país

Jorge Castillo, retirado del Ejército, ha lanzado una serie de advertencias a través de sus canales de redes sociales. Castillo ha compartido una relación de objetivos de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Públicas, que supuestamente se originan de cambios internos dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Estas declaraciones surgen en respuesta a un informe revelado por El Colombiano, que indica posibles alteraciones en la estructura de inteligencia militar.

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El informe de El Colombiano, titulado “Recelo por cambios que podrían debilitar la Inteligencia Militar”, señaló que fuentes de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) muestran su preocupación frente a un borrador de ley. Según este documento, se estaría considerando transferir ciertas competencias de la inteligencia militar a la DNI, lo que podría reducir las capacidades actualmente asignadas a esta parte del Ejército.

Castillo, en su publicación, no especificó la naturaleza exacta de los cambios propuestos ni proporcionó detalles adicionales acerca de los objetivos mencionados. Tampoco se ha confirmado de manera oficial por parte de las autoridades o la DNI la existencia del borrador de ley mencionado. Sin embargo, la inquietud planteada por el mayor retirado ha generado un debate sobre la efectividad y el rol de la inteligencia militar en el contexto de seguridad nacional.

El borrador legislativo genera debate ya que la DNI está encabezada por Manuel Casanova, filósofo y exmiembro del grupo guerrillero M-19, quien carece de antecedentes en la gestión de inteligencia estratégica del Estado. Además, se observa con cautela el hecho de que el gobierno haya tenido que proporcionar formación básica al director y su equipo en la Esici, para asimilar la información de inteligencia que manejan.

Según El Colombiano, un oficial, cuya identidad no fue revelada, comentó que al director de la DNI, Manuel Casanova, y a sus colaboradores más cercanos, se les impartió un curso elemental en la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia General Ricardo Charry Solano (Esici), indicando esto como una señal de la falta de experiencia previa con la que cuentan en el sector. Este hecho fue señalado como un ejemplo de la improvisación del Gobierno en departamentos claves del Estado.

Dentro del espectro político y de seguridad, la propuesta legislativa ha despertado preocupaciones y expectativas por igual. Mientras algunos sectores consideran que esta es una oportunidad para civilizar y modernizar la inteligencia colombiana, otras voces advierten sobre los riesgos de entregar responsabilidades críticas a profesionales sin el bagaje necesario en temas de seguridad nacional.

Cabe destacar que la Dirección Nacional de Inteligencia es un ente crucial en la recolección y análisis de información que atañe a la seguridad y defensa de Colombia. La posible reestructuración y su repercusión en la efectividad de la inteligencia del país continúan siendo un tema de considerable importancia y debate en el escenario nacional.

El controvertido proyecto de ley, el estatutario 236 de 2023, promovido por el Pacto Histórico, ha sido objeto de discusión reciente en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en Colombia. La propuesta legislativa busca implementar modificaciones significativas en la administración de la inteligencia y contrainteligencia del país, lo cual, según informes, tendría importantes implicancias para la estructura actual del Ejército Nacional y su capacidad operativa.

En el nuevo esquema propuesto, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) asumiría el control exclusivo sobre la recopilación de inteligencia estratégica de Estado, relevando así al Ejército de estas competencias y limitándolo a funciones tácticas y operativas. Esto supondría una reducción en las capacidades de realizar operaciones encubiertas y una potencial reducción presupuestaria para dichas actividades. Esta medida responde a una línea de pensamiento que posicionaría al Ejército únicamente en labores de custodia fronteriza y contemplaría la transformación de la Policía Nacional en un cuerpo civil desmilitarizado, dependiente de un ministerio distinto al de Defensa.

El Colombiano detalla que una fuente anónima citada señala que, de llevarse a cabo estas reformas, efectivos militares habituados a laborar en anonimato y en misiones de infiltración, tanto dentro como fuera del territorio nacional, verían transferidas sus responsabilidades a la DNI. Además, tales cambios continuarían la línea discursiva que surgió en La Habana, apuntando a una redefinición del rol de las fuerzas militares y policiales en el país.

En una reciente audiencia, el mayor retirado Jorge Castillo, con amplia experiencia en inteligencia y contrainteligencia, manifestó su oposición a la propuesta de formación de una Comisión Civil de Ciudadanos para la inteligencia. Castillo subrayó su preocupación por lo que considera un punto problemático, denominado “mico”, en el artículo 7 del proyecto, que implicaría otorgar poderes de investigación a miembros de entidades tales como la primera línea.

El cuestionamiento principal se centró en las facultades que tendría la mencionada comisión, incluyendo el seguimiento a los informes de la Dirección Nacional de Inteligencia. Castillo expresó su inquietud sobre quiénes serían los defensores de derechos humanos que integrarían dicha comisión y si esto permitiría el acceso a información confidencial a grupos como la primera línea, que habían sido investigados en el pasado por actividades relacionadas con el terrorismo. A su juicio, esto podría poner en riesgo la seguridad de las operaciones de inteligencia llevadas a cabo por el estado.

La posibilidad de que integrantes investigados anteriormente por vínculos con grupos como el Frente Urbano Nacional puedan ahora tener acceso a información sensible fue uno de los aspectos más criticados por Castillo. El oficial retirado mostró preocupación por las implicaciones que esto tendría sobre la privacidad y seguridad de la información manejada por dichas entidades. “Eso es lo que va a pasar”, remarcó, evidenciando su desconfianza hacia la propuesta legislativa en discusión.

La intervención del mayor retirado Castillo se produce en un contexto de debate acerca de las funciones y composición de la futura Comisión Civil de Ciudadanos para las actividades de inteligencia. Sus comentarios destacan la necesidad de un análisis cuidadoso sobre el perfil de sus integrantes y las competencias que se les asignarían. A esta audiencia se sumaron las voces de diversos actores, cada uno aportando su perspectiva acerca de cómo debería estructurarse esta comisión y cuál sería su papel en el marco de la seguridad nacional.