Paro nacional en Colombia: vestidos de toga, jueces penales de Bogotá se sumaron a las movilizaciones del 19 de noviembre por recortes y congestión en los despachos

Los despachos de la capital de la República expresaron apoyo a la movilización de la Rama Judicial y pidieron, en consecuencia, medidas institucionales frente a la carga de tutelas, las restricciones financieras y la falta de funcionarios

Jueces del circuito de Bogotá confirmaron su adhesión al paro nacional del 19 de noviembre. Advierten que la reforma tributaria y la falta de recursos ponen en riesgo la independencia judicial y la calidad del servicio de justicia. (@KarolaEnriquez/X)
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Los jueces penales con función de conocimiento de Bogotá anunciaron su respaldo a la jornada nacional de protesta de la Rama Judicial que se 19 de noviembre, con un pronunciamiento en el que advirtieron que el aumento de sus responsabilidades no ha tenido una respuesta equivalente en presupuesto, personal ni condiciones de trabajo.

La postura de los funcionarios se enfocó en tres puntos: el crecimiento de las acciones de tutela, la insuficiencia de recursos para ampliar las plantas de los despachos y el eventual impacto que tendría la Ley de Rescate Económico sobre sus ingresos por cambios en el tratamiento tributario de los gastos de representación.

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Los togados precisaron que su acompañamiento a la protesta no se limita a una discusión salarial. Según explicaron, las dificultades en la administración de justicia repercuten en la capacidad de los despachos para responder a los ciudadanos que acuden a ellos en busca de decisiones oportunas en sus respectivos procesos.

Los togados que se sumaron a esta movilización expresaron su preocupación por la congestión en los despachos judiciales. (Colprensa)
Los togados que se sumaron a esta movilización expresaron su preocupación por la congestión en los despachos judiciales. (Colprensa)

“A mayores responsabilidades, menor suficiencia de recursos y condiciones cada vez más restrictivas para quienes ejercen la función judicial”, señalaron los jueces en un pronunciamiento que se hizo viral en las plataformas digitales y que sería muestra de la inconformidad creciente que ha surgido frente a algunos anuncios del Ejecutivo.

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Aumento de tutelas redujo la capacidad para atender procesos penales

En su declaración, los funcionarios judiciales afirmaron que el incremento sostenido de las acciones de tutela exige una atención prioritaria, aunque esa carga adicional no ha venido acompañada por más servidores judiciales ni por equipos de apoyo administrativo; en una clara queja a la distribución de cargas laborales en el sistema.

Los juzgados penales deben tramitar las tutelas y, al mismo tiempo, mantener la atención de los procesos de su competencia. Teniendo en cuenta este panorama, los jueces alertaron que los expedientes penales no disminuyen mientras crece el número de asuntos constitucionales que deben resolver, por lo que pidieron atención al asunto.

Aunque se ha prometido un reajuste en el presupuesto del sistema judicial para 2027, representantes judiciales consideran que no sería suficiente para aliviar las cargas que manejan a diario. (Corte Suprema)
Aunque se ha prometido un reajuste en el presupuesto del sistema judicial para 2027, representantes judiciales consideran que no sería suficiente para aliviar las cargas que manejan a diario. (Corte Suprema)

“El peso de las insuficiencias estructurales del sistema termina recayendo sobre los funcionarios y empleados judiciales, quienes debemos asumir cargas de trabajo cada vez mayores con recursos prácticamente inalterados”, indicaron los firmantes de esta declaración, con la que se unieron a otros movimientos sociales y organizaciones obreras.

El documento sostiene que el trámite de las tutelas implica actividades adicionales para los empleados de los juzgados, que también deben responder por la gestión ordinaria de los procesos. Por ese motivo, los jueces solicitaron medidas de descongestión y un fortalecimiento de las plantas de personal.

Los jueces pidieron más presupuesto para responder a la demanda de justicia

La falta de financiación constituye el segundo eje del pronunciamiento. Los jueces penales de Bogotá sostuvieron que el aumento de solicitudes de justicia no ha estado acompañado por recursos suficientes para el funcionamiento, infraestructura, ampliación de personal y reducción de la congestión que existe actualmente en los despacios.

Los togados también expresaron sus reparos a los ajustes de tipo tributario que tendrían que asumir por sus salarios. (REUTERS)
Los togados también expresaron sus reparos a los ajustes de tipo tributario que tendrían que asumir por sus salarios. (REUTERS)

Y advirtieron que la carencia presupuestal trasciende las condiciones laborales de los servidores judiciales y afecta a quienes requieren una respuesta. “La financiación suficiente de la Rama Judicial no constituye una simple necesidad administrativa, sino una condición indispensable para garantizar una justicia oportuna, eficiente y efectiva”.

De esta forma, los jueces hicieron un llamado al Consejo Superior de la Judicatura, los consejos seccionales, el Congreso de la República y el Gobierno nacional para que adopten decisiones dentro de sus competencias frente a la situación presupuestal y de personal que afecta, desde hace décadas, el organigrama judicial en Colombia.

Reforma tributaria abrió preocupación por los ingresos de jueces y magistrados

El tercer punto expresado por los togados está relacionado con una iniciativa que plantea eliminar el tratamiento de renta exenta para los gastos de representación de jueces y magistrados. Para los firmantes, la medida tendría efectos sobre sus ingresos, en un escenario de aumento de cargas laborales y restricciones presupuestales.

Tribunal de Cundinamarca
Los jueces y juezas de Bogotá esperan que sus inquietudes sean acogidas por el Ejecutivo. (Suministrada a Infobae Colombia)

Los juristas reconocieron las necesidades fiscales del Estado y las facultades del Congreso para debatir reformas tributarias; pero pidieron que el análisis incluya sus consecuencias económicas. “Garantizar una justicia oportuna, independiente y accesible exige superar esa contradicción mediante un compromiso institucional efectivo”.

La discusión se desarrolla en paralelo con el paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), Asonal Judicial y otros sectores sociales y políticos contra la Ley de Rescate Económico del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que cursa en el órgano legislativo.

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