La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió un incidente de medidas correccionales, que en la justicia ordinaria equivale a un incidente de desacato, contra Clara Luz Roldán González, gobernadora del Valle del Cauca, y su delegado William Hernández Arias, tras su inasistencia a una audiencia pública clave para la atención a víctimas de desaparición forzada.
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En noviembre de 2023 se ordenó a las gobernaciones de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca desarrollar planes integrales que respalden la identificación y entrega de cuerpos de víctimas del conflicto, una orden que no fue atendida adecuadamente por la gobernación del Valle.
La audiencia, convocada para evaluar estas disposiciones y que enfatizaba la participación de las autoridades locales, se vio empañada por la ausencia de la mandataria y su subalterno el segundo día de sesiones, lo que derivó en la apertura del citado incidente correccional.
Sobre la responsabilidad de la Gobernadora Clara Luz Roldán, se establece que la delegación de funciones no exime al delegante de responsabilidades de supervisión y control, y que en caso de incumplimiento por parte del delegatario, el delegante puede afrontar consecuencias si se demuestra la falta de cuidado necesario en dichas responsabilidades. En este contexto, la ausencia de la gobernadora durante la audiencia crucial relacionada con la desaparición forzada y su posterior falta de respuesta a la JEP constituyen una falta grave que implica una sanción correccional del arresto inconmutable.
La gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, tendrá que responder por dos días de arresto, mientras que el subsecretario de gestión en convivencia y seguridad, William Hernández Arias, a quien delegó e incumplió en asistencia, tendrá que ser arrestado durante 5 días.
Así mismo se confirmó desde el Tribunal de Paz que el “arresto deberá ser cumplido en las instalaciones del Departamento de Policía del Valle del Cauca”.
JEP ordenó arrestos de gobernador y alcaldes
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ordena el arresto del gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona, y de los alcaldes de Riosucio y Supía, Marlon Alexander Tamayo Bustamante y Marco Antonio Londoño Zuluaga, respectivamente, debido al incumplimiento de medidas cautelares. Estas medidas tenían como objetivo proteger a las víctimas de desaparición forzada en el territorio ancestral de San Lorenzo, perteneciente al pueblo Emberá. La decisión fue tomada el pasado martes 26 de diciembre por el Tribunal de Paz.}
La sentencia de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad subraya la gravedad de la inacción y la negligencia de los funcionarios en cuanto a la implementación de comisiones para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada en las áreas de Riosucio y Supía.
También cuestiona la falta de presentación de informes bimestrales que evalúen el progreso de estas comisiones y el establecimiento de protocolos de riesgos en el manejo de los cementerios locales. La falta de cumplimiento de estas directivas condujo a la imposición de arrestos y multas, siendo el gobernador de Caldas sentenciado a 2 días de arresto y a pagar una multa de tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por su parte, los alcaldes de Riosucio y Supía deberán cumplir un arresto de tres días y enfrentar multas equivalentes a dos salarios mínimos mensuales.
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