La Corte Constitucional de Colombia declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) frente a la violencia sistemática contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Hasta noviembre de 2023, se ha registrado el asesinato de 163 defensores, incrementando las cifras de violencia a pesar de estar a escasas semanas de finalizar el año.
Esta resolución abarca las responsabilidades del Gobierno nacional, Entidades Territoriales y la Fiscalía General de la Nación. Por lo anterior, en un boletín emitido el jueves 21 de diciembre por la Defensoría del Pueblo, se destacan las amenazas y asesinatos en regiones apartadas, donde líderes y defensoras han sido víctimas de la violencia.
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Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, enfatizó la urgencia de incorporar en las negociaciones de paz la problemática de estos crímenes que socavan la democracia en las localidades.
De igual forma, el documento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) señala que un 66% de los homicidios se concentra en ocho departamentos, con Cauca a la cabeza registrando 30 homicidios, le siguen Antioquia (18), Nariño (16), Valle del Cauca (14), Córdoba (10), Bolívar, Norte de Santander y Putumayo (con siete casos cada uno).
El análisis del SAT resalta la implicación de grupos armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), ELN, Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia, estos dos últimos grupos son disidentes de las Farc, y las estructuras del crimen organizado, todos operando en las zonas más afectadas.
Las cifras de homicidios revelan que la mayoría recae sobre líderes comunales y comunitarios, cuyo rol es vital para afrontar problemas básicos de sus comunidades. “En los territorios, los más afectados son lideresas y líderes comunales y comunitarios. De los 163 homicidios, 69 son contra quienes forman parte de ese tipo de liderazgos, actividad que se concentra en buscarles soluciones a los problemas básicos de las comunidades, por eso es tan crítica la situación” señaló el defensor del Pueblo.
Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta 2022, han asesinado a 1.113 líderes sociales, marcando un repunte en 2022 con 215 homicidios. En 2016, 133; en 2017, 126; en 2018, 178; en 2019, 134; en 2020, 182; en 2021, 145; en 2022, 215, siendo este último el año con el mayor número de homicidios.
Líder campesino asesinado
Robert Fernández fue asesinado la noche del 11 de diciembre en el municipio Cajibío, Cauca; era activo de la defensa de los derechos humanos y reconocido integrante de varias asociaciones agrarias, Fernández fue ultimado con disparos en la cabeza cerca de su residencia, según información divulgada por la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes. La comunidad y los colectivos agrarios han exigido al Gobierno y autoridades locales una investigación exhaustiva para dar con los responsables del crimen.
El ataque contra Fernández ocurrió aproximadamente a 50 metros de la finca La Filigrana, en el corregimiento La Venta. La esposa del líder social fue testigo del suceso, escuchando primero una conversación con los atacantes y luego los disparos letales. Tras el homicidio, los agresores huyeron a bordo de una motocicleta. Este hecho se da en un contexto de violencia continua contra líderes sociales en el país, pese a las supuestas medidas de protección estatales. Organizaciones campesinas habían realizado recientemente una asamblea en la zona como parte del proceso de adjudicación de tierras.
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