Las acusaciones de soborno que la Fiscalía General de la Nación formalizó el miércoles 4 de marzo de 2026 contra el empresario barranquillero Julio Gerlein y los abogados Teodoro Antonio Deyongh y Diego Luis Muñetón marcan un nuevo episodio en el escándalo de corrupción electoral en la Costa Caribe.
Con la entrega de 500 millones de pesos y asesorías jurídicas como elementos centrales de la supuesta estrategia para evitar que la excongresista Aida Merlano involucrara en sus declaraciones a los hermanos Arturo y Alejandro Char.
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El escrito de acusación presentado ante juez de la República detalla que los investigados son señalados de haber intentado comprar el silencio de Merlano durante su reclusión en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, en momentos en que su testimonio podía comprometer a influyentes clanes políticos del Atlántico y el Caribe colombiano, según la información reunida por el ente acusador.
Según la acusación formal de la Fiscalía General de la Nación, uno de los momentos clave de esta presunta operación ilícita ocurrió el 28 de septiembre de 2018, cuando el abogado Diego Luis Muñetón ingresó a la cárcel El Buen Pastor para visitar a Merlano.
El ente acusador sostuvo que en esa reunión, Muñetón le ofreció a la exsenadora “la suma de 500 millones de pesos” para cubrir gastos médicos de su hijo menor de edad y los honorarios de sus abogados, a cambio de que guardara silencio o modificara sus declaraciones ante las autoridades.
De acuerdo con el fiscal Daniel Hernández, esta sería la primera entrega de dinero documentada, hecha directamente por Muñetón como presunto emisario de Alejandro Char, luego de una carta entregada a Merlano.
La Fiscalía aseguró en la audiencia que los ofrecimientos se repitieron cuando se aproximaban declaraciones clave ante la Corte Suprema de Justicia, y que la presión incluía recordatorios sobre la suma ofrecida y la influencia de dirigentes políticos “con personas influyentes en el Estado colombiano”.
En la estructura delictiva sugerida por la Fiscalía, Julio Gerlein figura como el determinador del delito de soborno en actuación penal. Deyongh es señalado como autor y Muñetón, además de coautor de soborno, es señalado como determinador de falso testimonio. El escrito hace énfasis en que las visitas realizadas por los abogados a la cárcel respondían a un plan sistemático de presionar y sobornar a Merlano.
El expediente judicial especifica que Muñetón ingresó al penal al menos en tres oportunidades —28 de septiembre de 2018, 9 de agosto de 2019 y 3 de septiembre de 2019— con el propósito de persuadir a Merlano de no mencionar a los hermanos Char ni a la familia Gerlein en sus declaraciones.
Por su parte, Deyongh habría efectuado dos visitas con el objetivo de insistir en los ofrecimientos económicos para que Merlano no citara a la familia Gerlein en el proceso judicial por corrupción electoral.
En una de estas ocasiones, la Fiscalía afirmó que los mensajes transmitidos a Merlano habrían sido directivas de Alejandro Char, solicitando que no dijera “nada en contra de Alejandro Char y de Arturo Char en la diligencia y declaración juradas ante la Honorable Corte Suprema de Justicia”.
El escándalo tiene su origen en el proceso penal iniciado por la compra de votos en la campaña de Aida Merlano en 2018 y la posterior fuga de la excongresista, condenada por concierto para delinquir, corrupción al sufragante y violación de topes electorales. Sus declaraciones han involucrado a clanes poderosos como las familias Gerlein, Name y Char.
La Fiscalía aseguró que existen pruebas sobre el presunto ofrecimiento de montos aún mayores: “durante la reunión el abogado del empresario Gerlein le habría ofrecido a la excongresista entre 3.000 y 3.500 millones de pesos para evitar que hablara ante la Corte Suprema de Justicia y que con sus declaraciones salpicara a figuras de la política en Atlántico”.
El proceso judicial entró en etapa de juicio tras la radicación del escrito de acusación el 2 de febrero de 2026 en el despacho de la jueza 25 penal con función de conocimiento de Bogotá. Gerlein y los abogados Deyongh y Muñetón negaron los cargos durante la audiencia de imputación del 6 de agosto de 2025.
Aida Merlano Rebolledo es excongresista condenada en 2019 por delitos vinculados a corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.
Su caso cobró notoriedad nacional tras la espectacular fuga del 1 de octubre de 2019, cuando escapó de una consulta odontológica en el norte de Bogotá, utilizando una cuerda y auxiliada por una motociclista, episodio por el que fue condenada en 2025 a 42 meses de prisión tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía.
Merlano también fue condenada a 5 años y 6 meses de prisión en 2022, pena confirmada en 2024 por la Corte Suprema, por violación de topes legales de campaña. El 10 de marzo de 2023 fue deportada a Colombia desde Venezuela.
La Fiscalía remarcó la centralidad de Merlano en los procesos: sus declaraciones han implicado a aliados y financiadores, lo que la convierte en figura clave dentro de la investigación sobre los mecanismos de compra de votos en la “Casa Rosada” de Barranquilla.
La audiencia preparatoria del juicio está prevista para el 30 de junio de 2026 en Bogotá. El proceso pondrá a prueba la suficiencia de las pruebas reunidas por la Fiscalía para demostrar la existencia de un plan cuya finalidad habría sido impedir que Merlano revelara la participación y responsabilidad de los clanes Gerlein y Char en tramas de corrupción electoral.
De momento, la jueza del caso ha denegado la solicitud de Merlano de ser reconocida como víctima en el proceso en curso.
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