Así es el terreno en el que se planificaron 117 masacres y ahora tendrá galpones administrados por víctimas de la violencia

A punto de cumplirse 20 años de la primera desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que concluyó en 2006, aún hay víctimas de la violencia provocada por este grupo armado que no han sido reparadas.

Gran parte están en el Cauca, en donde más de 22.000 familias se verán beneficiadas con la entrega de 387 hectáreas de la que era la hacienda San Carlos, en el municipio de Buenos Aires, que funcionaba como centro de operaciones del Bloque Calima.

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Además del terreno, allí funcionarán galpones que tienen capacidad para 400.000 pollos, uno de estos fue revelado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de X (antes Twitter).

“Como este galpón entregamos diez con 400.000 pollos y 387 hectáreas a las comunidades campesinas negras, de la vereda San Miguel, en el municipio de Buenos Aires. Cauca. En esta hacienda los paramilitares planificaron 117 masacres, ahora pasa a manos del pueblo”, fue el texto con el que el mandatario acompañó la publicación.

Este espacio ahora se llamará granja Alto del Cauca y tendrá nueve galpones con pollos de engorde, un espacio para 100 vacas y espacios para cultivo de plátano y yuca.

La llegada de los paramilitares al Cauca

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, el 31 de julio de 1999 se registró, en el corregimiento de La Moralia la llegada de múltiples camionetas con hombres que vestían prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, pero en realidad eran miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Estos informaron a la comunidad que su llegada se debía a los constantes maltratos que recibían por parte de las Farc y el ELN, pero desencadenó una oleada de violencia protagonizada por el Bloque Calima, en cabeza de Norberto Hernández Caballero, alias Román, lo que provocó la muerte de 6.918 personas, 119 masacres y 3.400 desplazamientos.

Años más tarde, se reveló que la presencia del Bloque Calima en la región se permitió por la financiación del narcotraficante Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego, que tenía alianzas con el grupo paramilitar para poder tener libertad y mando en el territorio.

A esto se sumaron narcos que permanecían bajo la fachada de ganaderos, que suministraban dinero al grupo paramilitar; sin embargo, algunos de estos, que no estaban de acuerdo con las formas de actuar de las AUC, entablaron una guerra por el territorio en la que la población quedó en medio.

Por este motivo, miles de familias terminaron marchándose de sus lugares de origen, mientras en estos espacios se registraban múltiples masacres ante sospechas de que pobladores pudieran pertenecer a uno de los bandos.

Esto convirtió al río Cauca en un testigo de la violencia en Colombia, dado que este era un punto estratégico para controlar sus costados, y en donde algunas víctimas eran arrojadas, lo que llevó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en julio de 2023, a declarar al río como víctima del conflicto armado en Colombia, lo que quedó consignado en el caso 05 de la JEP, que da prioridad a la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

Esto fue celebrado por los ponentes de esta petición, que afirmaron que además de perdonar las masacres que se registraron en la región, debe haber un proceso en el que las personas se reconcilien con el río en el que fueron arrojados sus familiares.

“El valle del río Cauca es el lugar con tierras más fértiles y se ubica entre el norte del Cauca y el valle geográfico; es decir, la planicie desde Jamundí y los límites con Buenos Aires, en Cauca. Ahí se da una tradición histórica de latifundio de unos 60 años con la caña y empresas agroindustriales enormes que choca con procesos de recuperación de tierras de la comunidad nasa y las comunidades negras”, afirmó a Colombia+20 Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto