Corte Constitucional reconoció que el Estado colombiano fracasó en la protección de líderes y lideresas sociales

En la tarde del lunes 11 de diciembre de 2023, la Corte Constitucional se pronunció sobre la poca protección de la vida de los líderes sociales en Colombia. De acuerdo con el alto tribunal, el Estado fracasó en sus acciones para el cuidado de los defensores de derechos humanos.

Según la Corte, el Estado colombiano no logró proteger a los líderes y lideresas del país. El alto tribunal llegó a esta conclusión luego de estudiar, al menos, 20 tuteles en las que los defensores de derechos humanos solicitaban que se interviniera por las amenazas recibidas en contra de sus vidas.

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Por tal motivo, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales por la “falta de concordancia entre la persistente, grave y generalizada violación de los derechos fundamentales de la población líder y defensora de derechos humanos, por un lado, y la capacidad institucional y presupuestal para asegurar el respeto, garantía y protección de esos derechos”.

No es la primera vez que el alto tribunal se pronuncia sobre los riesgos que enfrentan los líderes sociales en el país, por lo que en varias sentencias como, por ejemplo, la T-473/18, la Corte Constitucional pidió que la vida de los defensores de derechos humanos reciban atención especial y pronta respuesta por parte del Estado sobre las amenazas.

Por otro lado, el alto tribunal recordó que en la Constitución de 1991 está consignado que los líderes y defensores de derechos humanos ocupan un lugar primordial al ejercer una labor que permite identificar y denunciar violaciones a los derechos, por lo que están en capacidad de contribuir a la elaboración de las políticas públicas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del Estado.

Con el estudio de las 20 tutelas, la Corte Constitucional pudo establecer un fracaso en las políticas del Estado para hacer frente a la matanza de los líderes en el país; como también, de la falta de acciones de entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP) o de la Fiscalía General de la Nación.

Pero, no solo las estrategias implementadas por el Estado han sido insuficientes, también se encontraron otros problemas como que no existen cifras unificadas que permitan tener claridad sobre la cantidad de líderes que han sido asesinados en el país.

Por tal razón, la Corte Constitucional tomó la decisión de declarar el Estado de Cosas Inconstitucionales, que se puede entender como una medida que el alto tribunal toma cuando se debe hacer frente a una situación grave.

Para tomar esta decisión, la Corte Constitucional tuvo que tener en cuenta que existe una violación masiva y recurrente de los derechos fundamentales de los líderes y lideresas sociales en el país como consecuencia de problemas ligados a la falta de cumplimiento de entidades del Estado colombiano como la UNP o la Fiscalía, entre otras.

Esto lleva a que no se analice caso por caso de una manera aislada, sino que se tomen medidas generales, por lo que el alto tribunal tendrá la capacidad de formular órdenes generales para que las instituciones en el país cooperen y se pueda superar la difícil situación del asesinato de líderes sociales en el país.