Una nueva ola de violencia en el Nordeste antioqueño ha provocado el desplazamiento forzado de al menos 83 familias y la muerte de cinco personas durante los últimos días de junio.
Los enfrentamientos armados entre el Clan del Golfo y el frente 4 de las disidencias de las Farc han generado alarma en las comunidades rurales, especialmente en la vereda Río Bagre, ubicada entre los municipios de Remedios y Segovia.
En esta zona, la disputa por el control territorial y las economías ilícitas obligó a los habitantes a abandonar sus viviendas en busca de refugio y protección.
El flujo masivo de desplazados se dirigió principalmente al casco urbano de Segovia, donde las autoridades locales han concentrado los esfuerzos de atención inmediata. Según el secretario de Seguridad de Antioquia, el brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, más de 100 personas llegaron a este municipio huyendo del fuego cruzado.
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El funcionario indicó que se instaló un consejo de justicia transicional para coordinar la respuesta humanitaria y garantizar la atención prioritaria a quienes resultaron afectados por la confrontación.
El reporte oficial señaló que cinco personas murieron durante los combates, en los que se emplearon drones cargados de explosivos. De las víctimas, cuatro han sido identificadas como integrantes del Clan del Golfo, mientras que la identidad de la quinta persona permanece aún sin establecer.
Estos hechos reflejaron el incremento en la capacidad destructiva de los grupos armados ilegales y la complejidad del conflicto en la región.
Las autoridades departamentales y municipales respondieron con un consejo extraordinario de seguridad, donde se acordó el fortalecimiento de las operaciones militares y policiales en Remedios y Segovia.
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En la estrategia participaron la Gerencia contra el Homicidio, la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de restablecer el orden y evitar nuevas afectaciones a la población civil.
De manera paralela, la Alcaldía de Segovia, en articulación con la Gobernación de Antioquia, inició la entrega de ayuda humanitaria a los 120 campesinos que arribaron al casco urbano tras abandonar sus tierras por temor a la violencia.
El Nordeste antioqueño atraviesa una de las peores crisis de seguridad de los últimos años. De acuerdo con el secretario de Seguridad departamental, la actual confrontación se inscribe en una escalada de hechos violentos que comenzó a evidenciarse desde principios de junio.
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Uno de los episodios más graves ocurrió cuando una facción del frente 4 ingresó a una finca rural en Remedios, donde secuestró y asesinó a cuatro personas. Las autoridades vinculan ese ataque a retaliaciones internas, posiblemente dirigidas contra colaboradores del Clan del Golfo.
Las cifras oficiales confirman el deterioro de la situación: la Gobernación de Antioquia reporta 116 homicidios en la subregión del Nordeste en lo que va del año, frente a 96 registrados en el mismo periodo de 2025.
Segovia, Remedios y Amalfi son los municipios más afectados por la intensificación del conflicto armado y la expansión de las disputas territoriales entre organizaciones ilegales.
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Disidencias de las Farc reconocieron masacre de cuatro personas en Remedios, Antioquia
Uniformados del frente 4 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc asumieron públicamente la autoría de la masacre registrada en la vereda Las Camelias, municipio de Remedios, Antioquia, el primer fin de semana de junio de 2026.
En un video difundido en redes sociales, una mujer identificada como alias Samata Ruiz, conocida como “La Enfermera”, leyó un comunicado en el que confirmó que el crimen fue ordenado por alias Jhon Fiera y ejecutado por integrantes de la estructura armada.
La pieza audiovisual, fechada el 9 de junio y divulgada por Caracol Radio, atribuyó la captura y posterior homicidio múltiple a retaliaciones contra otra organización ilegal.
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El comunicado indicó que las víctimas, dos hombres y dos mujeres, fueron señaladas como informantes y relacionadas con una finca de supuestos paramilitares. Las autoridades confirmaron que los cuerpos, identificados como los de Efraín Botero, Rocío Silva y dos trabajadores, presentaban señales de tortura y estaban atados.
Durante la incursión, los agresores destruyeron dos viviendas y dejaron grafitis del grupo armado. La recuperación de los cuerpos requirió más de 24 horas de operaciones policiales en la zona.
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