La Corte Constitucional tiene contra las cuerdas al Gobierno nacional por la atención de la población de La Guajira. Luego de que tumbara los decretos de emergencia expedidos por el presidente Gustavo Petro, el alto tribunal inició un incidente de desacato por aparente falta de acciones para garantizar derechos fundamentales de la niñez wayú.
El Gobierno nacional debe establecer acciones para cumplir con la sentencia de 2017 que declaró Estado de Cosas Inconstitucional por la vulneración generalizada de derechos de la niñez wayú de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, del departamento de La Guajira.
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En la evaluación del alto tribunal a esas acciones en el Gobierno Petro se encontró que se presenta un “cumplimiento bajo”. En especial en cuanto a la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas para la superación del Estado de Cosas Inconstitucional.
Aunque se reportó la creación de una Comisión Intersectorial encargada del cumplimiento de la orden, para la Sala de Seguimiento no está bien estructurada porque no incluye a todas las entidades que deben estar involucradas en la atención de la población guajira.
Por esta razón, la Corte Constitucional inició un incidente de desacato, es decir un proceso de sanción en contra de los responsables de cumplir la sentencia, con el fin de que se agilice la respuesta, que en este caso sería la conformación del MESEPP.
En este proceso fueron vinculados 14 altos funcionarios del Gobierno nacional: la consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; la ministra de Vivienda, Catalina Velasco; la ministra de Ambiente, María Susana Muhamad González; la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Flórez; la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Laura Sarabia Torres; la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas.
También fueron vinculados el superintendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán; el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López; la gobernadora del Departamento de La Guajira, Diala Wilches; el alcalde de Maicao, Mohamad Jaafar Dasuki Hajj; el alcalde de Manaure, Elven Manuel Meza Barros; el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes y el alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar.
El MESEPP debería involucrar a todas las autoridades responsables de la vulneración de los derechos de la población indígena de la guajira y articular sus acciones bajo un solo plan. Su fin es garantizar el goce efectivo de los derechos de los menores de edad wayú para que puedan acceder a agua potable, alimentación, salud, y participación.
El incumplimiento en la conformación del MESEPP no es únicamente del Gobierno Petro. Desde el 2021 la Corte ha hecho a su orden y se ha encontrado varios obstáculos para que entre en funcionamiento. La actual administración nacional creó una comisión que avanzara en la consolidación del mecanismo, pero esta no ha satisfecho las condiciones que estableció el alto tribunal.
“La Comisión Intersectorial para el departamento de la Guajira no es el MESEPP, toda vez que es un órgano que aglutina entidades solo del orden central”, señaló el magistrado José Fernando Reyes. Falta que se articulen el Ministerio de Ambiente, la Superintendencia de Salud y la Ungrd.
El magistrado aclaró que el incumplimiento de la orden se ha presentado desde hace cinco años, en los que no se emitieron acciones mínimas para garantizar los derechos de la niñez wayú y las personas que dirigieron las entidades responsables durante esas administraciones “permanecieron impasibles ante la vulneración”.
“Durante sus mandatos las muertes de menores Wayuu se registraron sin motivar acciones efectivas”, reprochó el magistrado Reyes, quien incluso aseguró que se debieron compulsar copias en contra de los funcionarios que desde la emisión de la sentencia no le dieron cumplimiento.
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