
El desabastecimiento de medicamentos es un tema que tiene preocupado a varios sectores del país, pues en octubre de 2023, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) anunció que en sus registros, al menos, 245 medicamentos tenían algún tipo de desabastecimiento en Colombia, mientras que de 33 ya no había existencias.
El tema es tan preocupante que a principios de noviembre de 2023 se conoció que la Procuraduría General de la Nación instauró una acción popular contra el Ministerio de Salud y Protección Social con la que se busca proteger el derecho fundamental a la salud y la moralidad administrativa de los consumidores y usuarios en Colombia.
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En la mañana del martes 28 de noviembre se llevó a cabo una sesión en la Comisión Primera del Senado en la que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que el Gobierno nacional intervendrá el precio de los medicamentos en el país.
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Pero la intervención del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo dejó una preocupación latente para el tratamiento de las enfermedades raras, pues aseguró que los intereses de los laboratorios no podían estar por encima de la sociedad, lo que generó dudas sobre el manejo de los procedimientos para este tipo de padecimientos.
Así lo dio a conocer la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) a través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), en la que manifestó su preocupación por las barreras que se puedan generar en el acceso a terapias en un futuro.
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La reacción de Fecoer se conoció luego de que el ministro aseguró que los precios de los medicamentos en el país iban a tener una disminución, incluso puso el ejemplo de los ordenados para el Sida que, según el ministro, podrían pasar de 410.000 pesos a 11.000 pesos.
El llamado de la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación aseguró que el Ministerio de Salud y Protección Social incumplió con la elaboración del Conpes (documentos relacionados con la política pública que solucionan problemas transversales), por lo que se retrasó la implementación de políticas que ayudaran a coordinar y regular la fabricación, importación y comercialización de medicinas.
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Además, los trámites estancados en el Invima incluyen nuevas solicitudes de registros sanitarios, renovaciones y autorizaciones de publicidad, afectando la disponibilidad de un amplio espectro de medicamentos como vacunas, anticancerígenos y antibióticos, entre otros.
De acuerdo con los datos de la Procuraduría, el Invima tiene represados 27.904 trámites de registros sanitarios de medicamentos necesarios para el tratamiento de enfermedades concretas que afectan a los colombianos.
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Por último, desde el Ministerio Público se espera que el Consejo Nacional de Política Económica y Social tome la batuta en regular el sistema de medicamentos y ejecute las medidas necesarias para evitar la escasez futura.
La falta de un Conpes actualizado y el retraso en los registros sanitarios señalan una gestión deficiente que ahora debe corregirse para cumplir con la obligación estatal de salvaguardar la salud pública.
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