La Contraloría General de la Nación respondió la solicitud del Ministerio de Salud que pedía levantar el velo corporativo a la EPS Sanitas. Esto permitiría revelar en detalle los movimientos financieros de la EPS, sobre todo en relación con los fondos recibidos de parte del Gobierno Nacional a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor anual que corresponde a cada uno de los afiliados al sistema de salud.
El órgano de control señaló que no accederá a la petición del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, hasta que se lleve a cabo un proceso por responsabilidad fiscal. Así que levantar el velo corporativo, conforme lo establece la norma, solo sería posible si existen hallazgos de irregularidades de manejo de recursos de la EPS.
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Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor en funciones de contralor, explicó que actualmente solo cuentan con una actuación de fiscalización en curso. “En enero vamos a tener los primeros resultados y solamente hasta que tengamos una información más avanzada con las pruebas que se están recaudando se tomará alguna decisión adicional”, precisó el funcionario en rueda de prensa.
El contralor (e) también anunció que la entidad realizará una depuración de las cifras en disputa entre las EPS y el Gobierno. Mientras la EPS afirma que el Gobierno le debe más de cinco billones de pesos, el segundo sostiene que la deuda es de un billón de pesos, dinero que corresponde a lo que queda por girar el resto del 2023.
Entonces, para cumplir el papel de arbitraje entre el Gobierno y la EPS Sanitas, la Contraloría espera tener un balance de las cuentas depuradas para la segunda semana de diciembre: “Para eso vamos a requerir información y aspiramos a que antes del 16 de diciembre tengamos un balance de cuáles son las cuentas que ha puesto la lupa la Contraloría para que se decante la discusión y la controversia que hay alrededor de las cifras”, expresó Zuluaga.
Por otro lado, mientras avanza la investigación fiscal, Zuluaga aclaro que “existe un parte de tranquilidad para que no exista la interrupción del servicio de salud como garantía del derecho a la salud que tienen todos los colombianos”.
El Ministerio de Salud había solicitado el levantamiento del velo corporativo con el objetivo de llevar a cabo una auditoría forense para esclarecer el destino de los recursos entregados a la EPS Sanitas.
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, advirtió además que esta auditoría evitaría lo que pasó con Saludcoop, con Medimás y con otras EPS, entidades que usaron los recursos de la UPC para inversiones distintas de su propósito: atender a los pacientes. Esto fue catalogado por la Superintendencia de Salud como una práctica ilegal.
Empleados de la Sanitas salieron a manifestarse a favor de la EPS en varias ciudades de Colombia
En la noche del lunes 27 de noviembre, empleados de Sanitas salieron a las calles en Bogotá, Ibagué, Villavicencio, Medellín y Cali varias ciudades colombianas para expresar su respaldo a la compañía en medio de la controversia sobre la crisis financiera que estaría afectando a la entidad prestadora de servicios de salud y en contra de la solicitud del Gobierno de realizar una investigación.
Mientras la Contraloría se reunía con el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y diferentes representantes de las EPS, los trabajadores expresaron su solidaridad con Sanitas. Según los manifestantes, el Gobierno no habría desembolsado todo el dinero correspondiente para la atención de los afiliados, respaldando lo dicho por Sanitas: que el Gobierno Petro tendría una deuda de más de cinco billones de pesos.
Esta situación desencadenó que, semanas atrás, Cruz Verde, una de las farmacias que prestaba servicios de dispensación de medicamentos para afiliados de Sanitas, dejara de cumplir con su labor al anunciar que la EPS tenía una deuda con la farmacia por 400.000 millones de pesos.
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