A machetazos, campesinos mataron a un puma en Córdoba y grabaron la cruel acción en video

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) ha condenado públicamente el brutal asesinato de un puma en José Manuel de Altamira, zona rural del municipio de San Bernardo del Viento, en Córdoba. El hecho ocurrido recientemente parece ser el resultado de los constantes conflictos entre felinos y humanos por las actividades económicas que se desarrollan en la zona.

El individuo adulto de la especie puma concolor fue presuntamente atacado a machetazos, según informó la CVS. La corporación expresó su profunda preocupación por la situación, indicando que el puma estaba siendo víctima de la caza debido a su presencia en los parches de vegetación de la región.

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Profesionales del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la CVS se encuentran realizando una visita de inspección y verificación en la vereda en cuestión para esclarecer los hechos e identificar a los responsables de este lamentable suceso.

La CVS anunció acciones legales inmediatas en colaboración con la Policía Nacional y la Fiscalía. “Adelantaremos las investigaciones pertinentes para que los responsables de este hecho rindan explicaciones ante lo sucedido y se les imputen las medidas sancionatorias del caso”, declararon desde la corporación.

La CVS hace un llamado a la comunidad para que informe sobre casos de avistamiento o posibles conflictos relacionados con felinos a través de la línea (604) 7890605 o mediante el correo institucional cvs@cvs.gov.co. La colaboración ciudadana, dice la entidad, es crucial para gestionar y atender estos casos de manera efectiva.

El asesinato de pumas concolor es recurrente en Colombia

En septiembre de 2023, un incidente similar tuvo lugar en la zona rural del Valle del Cauca, donde un individuo fue captado en video cargando a un puma muerto sobre sus hombros. Mientras realizaba esta macabra acción, la persona que grababa reveló que el motivo detrás de la matanza del animal fue que representaba una amenaza para las gallinas.

Otro caso que involucró violencia hacia un puma concolor se reportó en Antioquia en agosto. En una vereda del Urabá, el cuerpo sin vida de una hembra de puma fue descubierto entre densos matorrales, con signos de envenenamiento, generando preocupación entre los defensores de la fauna y las autoridades ambientales.

Técnicos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá) acudieron al lugar de los hechos y señalaron que el área donde se encontró el felino es un corredor biológico habitual para el tránsito de estos animales. Además, se conoció que la puma fallecida estaba acompañada por sus cachorros.

Desde Corpourabá, expresaron su pesar por la pérdida de este individuo, destacando la importancia de los pumas como depredadores tope que desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio en los ecosistemas locales.

El puma concolor, también llamado león de montaña o león americano, es un mamífero nativo de América y figura en la lista CITES II, que regula el comercio de especies silvestres. Las autoridades ambientales expresaron su profunda preocupación, destacando que la caza ilegal y la ausencia de este animal en los ecosistemas tiene consecuencias graves tanto para otros animales como para los recursos naturales y el medio ambiente.

Este felino, que habita en una amplia gama de territorios desde el Yukón en Canadá hasta el sur de la cordillera de los Andes, juega un papel crucial en el equilibrio ecológico de la región. La noticia destaca la necesidad imperante de concienciar sobre la importancia de la conservación de estas especies y promover medidas efectivas para prevenir la caza ilegal, preservando así la diversidad biológica y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.

De hecho, la ley 2111 del 2021, también conocida como la ley de delitos ambientales, ha establecido la caza de fauna silvestre como un delito tipificado. Según dicha ley, cualquier individuo que incurra en esta infracción enfrentará una pena de prisión que oscila entre uno y cuatro años (de 16 a 54 meses), además de una multa económica que varía de 33 a 937 salarios mínimos mensuales; es decir, de entre 38 a 1.086 millones de pesos apriximadamente para 2023.