El 2 de julio el presidente Gustavo Petro decretó la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira; la medida tomada por el Gobierno para mejorar la situación crítica que enfrenta la región ha recibido reparos por parte de la Corte Constitucional desde donde se ha limitado la aplicación del decreto presidencial.
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La decisión más reciente de la Corte fue tumbar el decreto 1269 de 2023 con el cual el Estado pretendía facilitar a las autoridades locales la incorporación de recursos nacionales para el Plan de Alimentación Escolar (PAE), incluso durante las vacaciones.
La Corte Constitucional determinó que la medida no era arbitraria al amparo de la Constitución, pero la falta de validez de la declaratoria de emergencia que respaldaba la norma llevó a su anulación.
Petro había informado anteriormente que se destinaron 27 mil millones de pesos para asegurar el funcionamiento del PAE en La Guajira durante el año escolar, buscando beneficiar a cerca de 600 mil estudiantes de Colombia, de los cuales 260 mil pertenecen a dicho departamento.
Sin embargo, desde la Corte Constitucional señalaron que “en la medida en que no toda la población está escolarizada, el Gobierno nacional deberá adoptar otras estrategias adicionales de provisión de alimentos que no dependan de manera exclusiva de la escolarización”. Esta declaración surge como respuesta a la evidencia de que hay niños y jóvenes que, por distintas circunstancias, no asisten a la escuela y, por lo tanto, no se benefician del PAE.
Cabe resaltar que se invalidó la mayor parte de la declaratoria de emergencia, ya que fue argumentado que la crisis que motiva la emergencia en La Guajira no corresponde a una situación nueva, sino a problemas de larga data relacionados con el acceso al agua, salud y alimentación de las comunidades Wayuu.
Pese a la decisión del alto tribunal de derogar la decreto, se mantendrán en vigor durante un año las medidas relacionadas con el acceso al agua en la región, con el fin de prevenir un empeoramiento de la crisis humanitaria:
La solicitud de la Cancillería
En la ciudad de Bogotá y diversas regiones de Colombia, así como en varias sedes consulares en el extranjero, existen más de 30.000 pasaportes que no han sido recogidos por sus respectivos titulares. Este número de documentos está en riesgo de ser destruidos si no se reclaman antes del plazo de seis meses establecido. Andrea Garzón, coordinadora de la Sede Centro de Pasaportes, destaca que esta acumulación de pasaportes sin entrega ha generado preocupación entre las autoridades.
La demanda de pasaportes es alta, con 3.000 solicitudes diarias gestionadas únicamente en la capital colombiana. Sin embargo, un desafío significativo al que se enfrentan las oficinas de emisión es que cada mes aproximadamente 1.000 pasaportes no son reclamados y terminan siendo cancelados y anulados, para luego ser enviados a destrucción por una empresa contratista. Estas cifras revelan una tendencia creciente de documentos que no llegan a manos de los usuarios, lo que plantea la necesidad de revisar los procesos de notificación y entrega.
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