
El proceso en contra de Nicolás Petro Burgos no inició formalmente porque la defensa pidió que se definiera cuál es el juzgado que debía asumir el proceso, pues consideran que debe ser uno de Bogotá y no de Barranquilla. La solicitud generó un fuerte llamado de atención del juez.
La solicitud de la defensa de Nicolás Petro en la audiencia presentó una impugnación a la competencia del juez segundo penal de Barranquilla, al considerar que el delito más grave imputado, el de lavado de activos, se habría cometido presuntamente en Bogotá, por lo que sería un juez de la capital del país el que debía adelantar el juicio.
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El juez decidió que al haber una contradicción entre la defensa del procesado y la Fiscalía y el Ministerio Público, debía enviar la impugnación a la Corte Suprema de Justicia para que tome una decisión al respecto. Sin embargo, durante la audiencia mostró su descontento con lo planteado por los abogados del exdiputado del Atlántico.

“La defensa no demostró ni siquiera que el lavado de activos ocurriera en la ciudad de Bogotá, y hay una controversia entre Fiscalía, defensa y Ministerio Público cuando disienten de los argumentos, más cuando no corresponde al escrito de acusación y a los elementos materiales probatorios de donde pudo ocurrir el hecho”, señaló el juez.
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La audiencia debía dar inicio a la etapa de juicio en contra del hijo mayor del presidente de la República por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Pero ante la solicitud, deberá esperar a que se defina el distrito judicial correspondiente al juez que deberá realizar el juzgamiento.
En caso de que se rechace la solicitud y el proceso quede en manos del juez segundo penal del Distrito de Barranquilla, donde está asignado, el abogado Sebastián García que fue el encargado de presentar la impugnación de competencia y se presentó como suplente en la audiencia, tendrá problemas.
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El juez anticipó durante la diligencia que si continúa con el proceso, presentará una queja en su contra. “Si la corte devuelve por competencia el proceso a este juzgado, se le compulsará copias disciplinarias al doctor Sebastián García Rincón”, aseguró antes de dar por terminada la audiencia.
También hizo un llamado para evitar retrasar el curso normal del proceso. “Podría pensarse en rechazarse de plano por infundada la competencia, pero como el delito ocurrió también en la ciudad de Bogotá, se le hace un llamado a la defensa para que, acorde con la lealtad procesal y los principios del Código de Procedimiento Penal, no propicien dilaciones ni demoras en los procesos”, afirmó el juez.
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El fiscal Mario Burgos, que dijo haber quedado atónito con la solicitud de la defensa y señaló que no entendía el recurso que estaban utilizando, calificó de “petición temeraria o de mala fe” la impugnación y sostuvo que “se está haciendo un abuso de los recursos para no continuar con el normal curso de los procesos”.

Luego de la audiencia, Petro Burgos se pronunció a través de sus redes sociales y reiteró la denuncia de supuestas irregularidades del ente acusador en su contra. “Si la Fiscalía tenía tan claro que la competencia era Barranquilla ¿por qué me llevó capturado y esposado a Bogotá? Mis garantías procesales fueron cercenadas. Poco a poco iremos demostrando las arbitrariedades y mentiras de la Fiscalía”, escribió.
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Cuestionan la actitud del juez
El anuncio del juez también recibió críticas por parte de abogados penalistas. “Atónito con la decisión del juez en el caso de Nicolás Petro. Dice que la solicitud de cambio de competencia irá a la Corte y si esta la niega entonces se compulsan copias contra los defensores. ¿Ahora la responsabilidad disciplinaria depende del éxito de una solicitud?”, sostuvo el abogado Santiago Trespalacios.

Según el abogado, si el juez consideraba que la solicitud estaba infundada debía rechazarla, pero al correrle traslado a la Corte Suprema de Justicia se entiende que considera que hay argumentos para pronunciarse de fondo.
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“La defensa de Nicolas Petro hace una petición de competencia válida y oportuna, aunque creo no tiene la razón, no es dilatoria. Fiscal y juez pidiendo compulsa de copias. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta donde vamos a permitir esa violación de derechos y presiones indebidas?”, aseguró el abogado Iván Cancino.

“Lamentable que cualquier colega pueda resultar investigado por hacer uso de los recursos legales según si le dan o no la razón. Desde el @CPenalistas acudiremos a las instancias que correspondan para hacer efectiva la defensa de la defensa”, sostuvo Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas.
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