La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra el intendente de la Policía Nacional, César Augusto Bautista, por presuntas conductas de acoso sexual contra una uniformada adscrita a la institución en la ciudad de Bucaramanga.
La actuación busca esclarecer si el uniformado realizó tocamientos de carácter sexual sin consentimiento a la funcionaria durante la prestación del servicio.
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Según la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el caso se investiga porque los hechos habrían afectado la integridad moral y la dignidad personal de la auxiliar en su lugar de trabajo.
Los hechos bajo investigación habrían ocurrido en 2025, cuando ambos servidores cumplían labores en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
El Ministerio Público formuló pliego de cargos contra Bautista, una decisión que da continuidad formal al expediente disciplinario. La medida no establece todavía una responsabilidad definitiva sobre el intendente.
La Procuraduría Provincial de Bucaramanga calificó de forma provisional la conducta investigada como una falta gravísima a título de dolo.
Esa valoración corresponde a la etapa actual del proceso y podrá ser examinada durante las actuaciones posteriores. La entidad deberá determinar las circunstancias en que habrían sucedido los hechos denunciados.
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El expediente se concentra en establecer si los presuntos contactos físicos ocurrieron sin autorización de la auxiliar y si representaron una transgresión de sus derechos dentro del entorno laboral.
Para el organismo de control, la situación tiene una gravedad particular porque los involucrados presuntamente se encontraban en servicio al momento de los hechos y porque el caso habría tenido lugar en una sede policial.
La dependencia provincial seguirá al frente de la investigación disciplinaria y definirá las actuaciones necesarias para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.
El procedimiento deberá establecer si existen elementos para atribuir responsabilidad disciplinaria al intendente. La formulación de cargos es una etapa previa a cualquier decisión de fondo.
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Bautista contará con las garantías previstas en el proceso disciplinario. El uniformado podrá ejercer su derecho de defensa durante el trámite ante la Procuraduría.
Otro caso en la Policía de Bogotá
La juez 73 Municipal de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el mayor de la Policía Nacional Michael Bedoya Rivera, investigado por una denuncia de presunto abuso sexual contra una joven.
La decisión se tomó durante una audiencia de control de garantías. La medida quedó en firme luego de que la defensa del oficial presentara un recurso el 4 de agosto, durante la continuación de la diligencia judicial.
El caso se relaciona con hechos que habrían ocurrido en marzo de 2026 en un apartamento de las casas fiscales de la Policía Nacional, situadas en el barrio La Castellana, en Bogotá. La denunciante afirmó que perdió la conciencia después de consumir cuatro shots de alcohol y que, al reaccionar, acudió a un centro médico, donde se activó el protocolo para casos de violencia sexual.
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De acuerdo con el relato conocido en la audiencia, una amiga de la denunciante recibió por redes sociales una invitación del mayor para salir junto a la joven.
El oficial habría pedido a un patrullero que pasara por ellas. El uniformado, según la versión expuesta, las trasladó hasta las residencias fiscales destinadas a oficiales de la institución.
La presunta agresión ocurrió dentro del apartamento en el que se encontraba Bedoya Rivera. La investigación deberá establecer las circunstancias de la reunión, el traslado de las dos mujeres y lo sucedido después del consumo de alcohol.
La atención médica recibida por la joven dio paso a la activación del protocolo correspondiente. Ese procedimiento forma parte de los elementos que rodean la denuncia y que serán valorados dentro del proceso penal.
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La audiencia siguió el 4 de agosto a las 8:30 a. m., en la que la defensa cuestionó la decisión que había dispuesto el envío del mayor a un establecimiento carcelario.
Pese al recurso presentado, la medida de aseguramiento contra el oficial permaneció vigente. La decisión no define su responsabilidad penal, que deberá determinarse durante las etapas posteriores del proceso judicial.
La investigación continúa bajo la premisa de que los hechos denunciados deben ser esclarecidos por las autoridades competentes. Mientras tanto, Bedoya Rivera seguirá sometido a la medida ordenada por la juez de control de garantías.
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