En un comunicado emitido el 18 de noviembre por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se informó sobre el fallecimiento del excongresista Mario Alberto Castaño, quien se encontraba cumpliendo una condena por delitos de corrupción en la cárcel La Picota de Bogotá.
Según las autoridades penitenciarias, Castaño habría sufrido un paro cardiaco. Sin embargo, miembros de la Policía Judicial del Inpec se encuentran en el lugar de los hechos para llevar a cabo los procedimientos que confirmen cuál fue la causa de la muerte de Castaño.
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El excongresista Castaño había sido condenado a 15 años y 11 meses de cárcel. Además, debía pagar una multa superior a 1.000 millones de pesos al Estado colombiano por delitos de concierto para delinquir agravado, estafa agravada, peculado por apropiación consumado y en tentativa, así como concusión.
Además, se había dictado una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el período de la pena y se le había negado la posibilidad de prisión domiciliaria.
El exsenador Mario Castaño del Partido Liberal aceptó los cargos y reconoció haber liderado una organización delictiva entre los años 2020 y 2022, mientras ocupaba su cargo en el Senado de la República. En la sentencia, la Corte Suprema destaca que Castaño aprovechó su posición como senador para celebrar contactos con diversos funcionarios del sector público de forma irregular.
La captura del exsenador, por su entramado criminal bautizado como “las Marionetas”, se hizo a inicios de la segunda mitad del 2022. Fue de esta forma que Castaño no pudo asumir su nuevo mandato como senador, pues había sido reelegido en las elecciones legislativas de marzo de 2022.
Según informes de El Tiempo, los bienes incautados al exsenador estaban distribuidos en ciudades como Medellín, Pereira, Manizales, Quibdó y Cartagena, y alcanzan un valor mayor a 13.000 millones de pesos.
Más implicados en “Las Marionetas” que fueron capturados
Castaño dirigía la contratación ilegal en los departamentos de Caldas, Cauca, Chocó y Risaralda. Para lograrlo, vinculó a varios funcionarios con capacidad para ejecutar en las zonas mencionadas.
A principios de noviembre de 2023, Wilmar Herrera Gallego, exalcalde de Norcasia, Caldas; Juan Sebastián Vargas Marín, ingeniero civil y exsecretario de Planeación de Manzanares, Caldas; y Jhon Alexánder Sánchez Giraldo aceptaron haber participado en este hecho de corrupción.
De acuerdo con las pesquisas llevadas a cabo por la Dirección Especializada contra la Corrupción, se ha determinado que Juan Sebastián Vargas Marín desempeñó un papel activo en la elaboración y direccionamiento de seis contratos con el propósito de beneficiar a individuos vinculados al excongresista Castro Pérez. Por su parte, Wilmar Herrera Gallego desempeñó un papel como facilitador de proyectos y contratista.
Vargas Marín se someterá a una condena de cuatro años y tres meses de prisión, acusado de los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos; mientras que Herrera Gallego cumplirá sentencia de cuatro años y cinco meses de prisión.
Otro implicado fue Rubén Darío Iregui González, quien anteriormente ocupaba el cargo de jefe de la División de Recursos Humanos del Senado. A Iregui se le acusó de respaldar pagos a contratistas, obteniendo 20 millones por cada uno: esto fue parte de las pruebas del delito de peculado por apropiación en beneficio de terceros.
La más reciente judicialización había ocurrido la semana del 13 de noviembre, cuando la Fiscalía anunció que Raúl Alfonso Cardozo Nuncira, empresario, y Andrés José Ospina Rosales, comunicador social, habían obtenido beneficios irregulares de contratos por más de 25.000 millones de pesos. Los imputados, que no aceptaron los cargos, enfrentan delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
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