El Proyecto de Ley 01 de 2023 “por el cual se modifica la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) y se dictan otras disposiciones sobre reparación a víctimas del conflicto armado interno”, presentado por la Defensoría del Pueblo, no tiene el visto bueno de las comunidades indígenas del país.
Según explicaron la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), las comunidades étnicas no fueron incluidas en espacios de concertación previos a la presentación de la iniciativa.
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Por medio de un comunicado explicaron que el proyecto busca fortalecer los mecanismos e instancias de participación de víctimas, así como el enfoque étnico y de género en la Ley de Víctimas. Sin embargo, este proceso de formulación y radicación se hizo “a espaldas de las principales instancias de concertación étnica del país”, como la Mesa Permanente de Concertación Indígena (MPC) y la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
Argumentaron que no fueron citados a ninguna consulta previa, que debe llevarse a cabo con las comunidades indígenas para la aprobación e implementación de normas, políticas, fallos, medidas administrativas e iniciativas que puedan afectarles. Según la Corte Constitucional, la exclusión de los pueblos étnicos es una forma de violencia racial y se torna revictimizante, puesto que han sido históricamente segregados.
Según la población indígena, hay más de 36 fallos de la Corte Constitucional que han sido proferidos en los últimos 25 años en los que se advierte la falta de consulta previa para la toma de decisiones legislativas. Esto se entiende como un vacío de fondo y de procedimiento que no puede ser suplido con espacios de diálogos “exprés” o “de relleno”.
Solicitaron entonces archivar la iniciativa hasta que se adelanten las consultas respectivas y subsanarla o presentarla nuevamente en el segundo periodo legislativo, que inicia el 16 de marzo de 2024.
¿Cómo se formuló el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo?
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, aseguró que el proceso de formulación de la iniciativa contó con “todo el rigor académico” y, además, se basó en una “metodología participativa” que fue denominada como “Información, consulta y consenso”. Se establecieron entonces tres momentos diferentes de trabajo.
La primera fase fue la de información, enriquecida con datos consignados en diez informes de la Comisión de Seguimiento, que, según la Defensoría, es una fuente autorizada para evaluar el cumplimiento de las entidades encargadas de la implementación de la Ley de Víctimas.
Finalmente, como tercer momento de trabajo, se adelantaron 15 mesas de trabajo con entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv), 123 funcionarios y 15 representantes de la Mesa Nacional de Víctimas.
“No hubo tercerización ni cofinanciación, solo realizamos acuerdos académico-institucionales desde nuestro Centro de Estudios en Derechos Humanos con algunas instituciones educativas y sus grupos de investigación”, detalló Carmargo Assis. Varios congresistas presentaron nueve proposiciones para la iniciativa, de las cuales cinco serán incluidas por ser consideradas “valiosas para fortalecer la propuesta”.
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