
Después de 2 años, 7 meses y 25 días desde el asesinato de David Javier Triana Acevedo en el barrio San Isidro de San Cristóbal, la posibilidad de una rebaja de la condena para la principal implicada en su homicidio desató el rechazo de los familiares del joven.
El posible preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación podría otorgar a la expareja de la víctima una reducción de más del 70% en la pena, lo que generó un profundo descontento, especialmente por la gravedad de los hechos. Y es que la autopsia de Medicina Legal determinó que la víctima recibió más de 60 puñaladas enfocadas en el rostro, cuello y cabeza.
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La familia de Triana Acevedo denunció el 22 de marzo de 2026 al diario Q’hubo Bogotá, que el joven fue citado bajo engaño por su expareja con la excusa de ver a su hija, aunque todo se trataba de una emboscada mortal.
Claudia Marcela Triana, hermana de la víctima, describió que en el lugar lo esperaban tres personas: Ana María Quitián, excompañera sentimental y que tenía 22 años al momento del crimen; Santiago Andrés Vergara, guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec); y una adolescente de 15 años, hermana de Quitián. Según el relato difundido por la familia, Vergara inmovilizó a la víctima en el piso, lo que permitió que su ex lo apuñalara en repetidas ocasiones.
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El caso adquirió mayor notoriedad cuando se conoció, según declaración de Claudia Triana, que la joven de 15 años habría sido inducida a apuñalar a la víctima: “Le entregaron un cuchillo a la menor para que también participara porque mi hermano no dejaba de gritar”.
Tras la detención, los implicados intentaron inicialmente desviar la atención de la Policía, aludiendo una supuesta defensa ante un feminicidio. Sobre este punto, la hermana del joven fallecido indicó en diálogo con el medio que: “Eso fue completamente falso. Finalmente, ante las pruebas, confesaron su participación”.
El preacuerdo contempla una rebaja de más del 70% de la pena para la principal acusada
De acuerdo con la familia de la víctima, Ana Quitián podría recibir una condena máxima de 8 años gracias a los beneficios del preacuerdo, cifra que consideran inaceptable en relación a la brutalidad del crimen: “¿Cómo es posible que, después de torturarlo y asesinarlo, le vayan a dar solo ocho años a la expareja de mi hermano? Es una burla, representa más del 70% de rebaja”, dijo Claudia Triana.
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El otro implicado, Santiago Andrés Vergara, reconoció su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, tortura y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Sin embargo, la familia denunció que este sujeto fue condenado a 11 años de prisión, mientras “sigue trabajando como si nada. Eso no es justicia”, puntualizó la hermana de la víctima.

El pedido de la familia a la justicia
Los allegados al joven reiteraron que no buscan compensaciones materiales, sino una sanción proporcional a la severidad de los hechos: “No pedimos dinero, pedimos justicia. Que paguen lo justo”.
En su declaración más reciente, la familia hizo un llamado directamente a la Fiscalía y a los jueces a cargo: “Le pido a la Fiscalía y a los jueces que revisen bien este caso. No fue una pelea, fue un asesinato planeado y cruel. No pueden premiar a los responsables”.
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El caso de David Javier Triana Acevedo causó controversia entre la ciudadanía, debido a los beneficios judiciales otorgados a los autores de crímenes de extrema gravedad. Por ahora, la familia está a la espera de la resolución de las audiencias para confirmar cuánto tiempo estarán recluidos en prisión los delincuentes.
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