Reclutamiento forzado, instalación de minas antipersonas, secuestro, extorsión e imposición de justicia de facto son las afectaciones a la población civil, por parte de grupos armados ilegales en Colombia, que identificó la OEA en su análisis del primer semestre del año.
En el informe, la organización internacional señaló que la extorsión por parte de grupos armados ilegales “ha sido más recurrente ante el debilitamiento de otras de sus fuentes de financiación”, como una forma de control económico en contra de actividades legales e ilegales.
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“La persistencia de esta práctica por parte de los GAI ha llevado a su normalización e invisibilización en los territorios, siendo asumida por algunas personas como un impuesto o ‘vacuna’”, sostiene el informe respecto a los cobros extorsivos de este tipo de organizaciones delictivas.
De acuerdo con el análisis, los sectores económicos más afectados por la extorsión en el primer semestre del año fueron el comercial, agrícola, ganadero, lechero, minero, hidrocarburos, transporte y construcción. Hechos que han derivado en un incremento del precio de productos, varios de ellos de la canasta familiar, lo que su vez genera alerta sobre la seguridad alimentaria de la población.
Entre los casos descritos por la MAPP, se cuenta el de la multinacional Parex que en febrero se vio obligada a suspender las operaciones en los campos petroleros de Tame y Saravena, en el departamento de Arauca, a causa de amenazas por parte de la guerrilla del ELN en contra de los contratistas.
También se señala que grupos armados ilegales han establecido cobros en contra de ganaderos por cantidad de cabezas de ganado o hectáreas poseídas. Así mismo, se señala que tasan las cifras de extorsión a raíz de las ganancias estimadas por establecimientos comerciales.
Por ejemplo, el informe detalla que en Arauca y Putumayo se han evidenciado cobros extorsivos por porcentajes en la venta de predios, que también se registran en el sur de Bolívar, Catatumbo, sur de Córdoba, Costa Pacífica caucana, eje del río San Juan, Telembí, sur de Valle del Cauca, sur de Meta y norte de Caquetá.
“En alguna de estas zonas, los GAI impusieron cobros extorsivos para permitir la ejecución de obras de infraestructura. Particularmente, en el Catatumbo exigieron el pago de extorsiones a transportistas que prestaron su servicio a diferentes instituciones, incluidas organizaciones humanitarias. Por su parte, en Buenaventura los renglones económicos formales e informales fueron obligados a pagar un monto para desarrollar cualquier actividad en el distrito y un porcentaje diario o mensual por las ganancias obtenidas”, señala el informe.
Pese a que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz evidenció una disminución del 58% en los casos de desplazamientos forzado masivo en la primera mitad del año, en el Catatumbo se presentaron casos de funcionarios públicos que tuvieron que abandonar su territorio por amenazas al negarse a pagar extorsiones.
Esta práctica criminal también ha estado asociada a la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes. “En Buenaventura, los grupos continuaron usando NNA para el cobro de extorsiones, especialmente a adolescentes entre los 12 y 13 años”, sostiene el informe.
El secuestro sigue siendo utilizado por los grupos armados ilegales para conseguir fines económicos con la retención de comerciantes, transportistas, personas dedicadas a la ganadería, servidores públicos, personal de empresas privadas, entre otros. Sin embargo, el informe sostiene que esta práctica se ha centrado principalmente en señalamientos en contra de las víctimas, así como en el objetivo de limitar el actuar institucional y ha sido resuelta en poco tiempo.
En las afectaciones económicas a la población civil, el informe también detalla que en algunas zonas de control de los grupos armados, se ha evidenciado la sanción con multas a quienes incumplen las reglas impuestas. Esos cobros van desde 100.000 pesos hasta los 3.000.000.
Estas situaciones se han presentado en el Bajo Putumayo, sur de Cauca, sur de Meta, sur de Córdoba, Sierra Nevada de Santa Marta, Bajo Cauca y norte de Antioquia, así como en los departamentos de Arauca, Bolívar, Caquetá, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.
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