Estas son las investigaciones y pecados de los nuevos alcaldes y gobernadores

Colombia tiene nuevos alcaldes y gobernadores. Luego de una jornada electoral en tranquilidad, el país reconfiguró su mapa político con un viraje a la derecha y centro-derecha y castigando al Gobierno nacional, pues el partido oficialista, el Pacto Histórico, fue el gran derrotado en las principales ciudades y gobernaciones. Pero como en el Gatopardo, todo cambia para que nada cambie y hay personajes que aterrizan en las alcaldías y gobernaciones con investigaciones y pecados a cuestas.

Infobae Colombia revisó el pasado de algunos de los alcaldes y gobernadores que desde el primero de enero de 2023 dirigirán los rumbos de municipios y departamentos.

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Empecemos por la costa Caribe. El nuevo gobernador de Magdalena, Rafael Alejandro Martínez, del movimiento del exgobernador Carlos Caicedo Fuerza Ciudadana se eligió, con el 99,32% de las mesas escrutadas, con 304.185 votos, es decir el 50,76% de los votos. Así como su padrino político, Martínez tiene varias investigaciones en la Procuraduría General de la Nación, que en mayo de 2023, le formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades en la construcción del Parque del Agua, en Santa Marta.

En diciembre de 2022, según información de El Espectador, el ente de control también le formuló pliego de cargos por, presuntamente, haber violado la ley de cuotas, durante su paso por la alcaldía de Santa Marta. También es investigado por presuntos sobrecostos en la contratación del Programa de Alimentación Escolar en la capital de Magdalena.

Otro mandatario local con un pasado enrarecido, si se quiere, es el nuevo alcalde de Barranquilla (Atlántico), Alejandro Char, que administrará a la Arenosa por tercera vez luego de arrasar con los demás candidatos. Además de los señalamientos en su contra por el entramado de compra de votos que tiene presa a Aída Merlano y a su hermano Arturo Char, Alejandro Char también tiene procesos en la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, luego de que fue denunciado por el pago de coimas en contratos durante su última administración (2016-2020).

También fue cuestionado por el presunto conflicto de intereses en su última alcaldía, pues suscribió contratos interadministrativos con la empresa mixta Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla (Edubar), de la que es socia la Sociedad Portuaria Río Grande, en la que, en 2017, Supertiendas y Droguerías Olímpica y la Sociedad de Inversiones de Colombia tenían el 19% de las acciones. Ambas firmas hacen parte del emporio de la familia Char.

Además, su nombre apareció en una investigación de la revista mexicana Eje Central que relaciona al banco de la familia Char, Serfinanza, con el cartel del Sinaloa, también se ha dicho que el alcalde electo de la Arenosa se reunió con miembros de este cartel en Casa Blanca, en Barranquilla.

Siguiendo en el Caribe colombiano, otro cuestionado que llegó a una posición de poder es Yahir Acuña. El nuevo alcalde de Sincelejo (Sucre), que es investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con Los Rastrojos, un grupo armado narcoparamilitar disidente de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, que se dice, lo apoyaron para llegar a la Cámara de Representantes en 2010. También lo investigan por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña.

En Boyacá, la Gobernación quedó nuevamente en manos de Carlos Amaya, que se eligió bajo el aval de la coalición Boyacá Grande (Alianza Verde, Dignidad & Compromiso, En Marcha, Colombia Renaciente y Verde Oxígeno) y apoyos que fue sumando de Cambio Radical, la U y Mira. Amaya ha sido cuestionado y estado bajo la lupa de la opinión pública por un presunto caso de corrupción relacionado con la construcción de una mansión en zona protegida de Paipa (Boyacá).

También ha sido señalado de favorecer a financiadores de su campaña a la Gobernación de Boyacá en 2015. Uno de los donantes a su campaña fue la firma B&V Ingeniería, de los ingenieros Jorge Boada y Ricardo Vargas, aportó $50 millones que superaron el umbral que fija el Estatuto Anticorrupción por lo que no podían suscribir contratos con la Gobernación, sin embargo y según información de El Espectador, esta empresa de ingenieros recibió dos contratos durante la administración de Amaya que, sumados, rondaban los $10.000 millones.

Otro gobernador con investigaciones es el nuevo gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que está citado a audiencia de imputación de cargos en la Fiscalía General de la Nación el 12 de noviembre de 2023. Esto por una investigación de la Contraloría General de la República que determinó que Rendón sería responsable de un detrimento patrimonial de más de 1.200 millones de pesos, por la construcción irregular de dos CAI de la Policía Nacional.

El nuevo gobernador de Cundinamarca, que repite, Jorge Emilio Rey también tiene cuestionamientos en su contra y es relacionado con el escándalo de volteo de tierras en varios municipios de la Sabana de Bogotá. Denuncia que hizo el hoy alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán en 2017 cuando era senador de la República. Según la denuncia de Galán, Rey estaría involucrado en el soborno a funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y a concejales para cambiar el uso del suelo en varios municipios y aprobar planes parciales para la compra de vivienda.