Desde el inicio de 2023, la Procuraduría General de la Nación ha estado advirtiendo sobre graves deficiencias en la prestación del servicio de bomberos en Colombia. La incapacidad para atender a los damnificados durante la temporada de lluvias, el fenómeno de La Niña de El Niño, incendios forestales y estructurales, así como los movimientos en masa en municipios y distritos en todo el territorio nacional, plantea una situación alarmante que requiere una atención inmediata: hace falta financiamiento y más bomberos en el país.
La falta de cuerpos de bomberos en una gran cantidad de municipios de Colombia es una amenaza actual y latente. Según la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC), de 1.102 municipios del país, solo 780 tienen un Cuerpo de Bomberos.
Los municipios más afectados por esta carencia son Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Bolívar. La situación se agrava debido a la temporada de sequía que se vive actualmente, derivada del fenómeno de El Niño.
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Aunque el Gobierno Nacional ha destinado un presupuesto de 2.2 billones de pesos para prevenir los impactos de El Niño, no se ha contemplado una inversión específica en la mejora de los Cuerpos de Bomberos.
El Gobierno ha creado un plan estratégico para fortalecer la capacidad de respuesta y preparación institucional ante emergencias, centrándose en la reducción de la vulnerabilidad de las comunidades y en la cooperación internacional para abordar situaciones críticas. Sin embargo, es esencial que se aborde con urgencia la falta de bomberos en más de 300 municipios colombianos, especialmente aquellos con alto riesgo de emergencias y recursos limitados.
Con una probabilidad creciente de eventos climáticos extremos y desastres naturales, la falta de bomberos en numerosos municipios colombianos debe considerarse un asunto de alta prioridad que requiere acciones inmediatas para garantizar la seguridad y protección de las comunidades locales.
En contraste, el estudio del ente de control reveló debilidades en la regulación de los contratos entre alcaldías y Cuerpos de Bomberos desde inicios de este año. Lo anterior dificulta y entorpece la capacidad de gestión de riesgos contra incendios y atención de emergencias. La falta de directrices que establezcan requisitos mínimos en términos de tiempo, recursos y capacidades para garantizar la prestación de servicios es evidente.
Sorprendentemente, a inicios del 2023 el 30% de los municipios no contaba con contratos vigentes con Cuerpos de Bomberos, y más del 30% de estos convenios tienen una duración menor a nueve meses al año, lo que quiere decir que incluso en algunos municipios colombianos el contrato ya se acabó o está próximo a acabar.
Para inicio de este año, cerca del 62 % de los municipios que los contratan lo hacen por valores inferiores a los $100 millones, lo que en muchos casos no es suficiente para cubrir los costos mínimos de personal y recursos necesarios para atender emergencias.
La investigación de la Procuraduría resaltó la falta de criterios claros y definidos en la ley para que los alcaldes determinen los valores de estos contratos. Esto se debe a que, a pesar de que cada municipio presenta diferencias en términos de amenazas, vulnerabilidades y riesgos debido a sus condiciones sociales y geográficas, la disparidad en los valores de los contratos es evidente entre municipios con características similares, es decir, con municipios que pueden presentar los mismos riesgos.
La Procuraduría, a inicios de este año, también alertó sobre la falta de capacidad operativa y la carencia de subestaciones en algunos cuerpos de bomberos de diferentes municipios, lo que impide una respuesta oportuna y simultánea a emergencias.
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