
La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Ambiente dar respuesta a una petición que busca solucionar los problemas ambientales y territoriales de un resguardo indígena de la comunidad Sikuani de Mapiripán, en el departamento del Meta.
La decisión del alto tribunal se tomó debido a que el Ministerio de Ambiente y el Ministerio del Interior no dieron respuesta a las solicitudes elevadas en relación con el resguardo.
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La acción de tutela fue interpuesta por Mauricio Rojas, gobernador del resguardo Caño Ovejas de la comunidad indígena Sikuani.
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En este recurso, el funcionario cuestionó a las entidades sobre:
- El estado de las investigaciones adelantadas por las presuntas afectaciones ambientales provocadas por Poligrow.
- Las gestiones realizadas en el marco de las funciones de inspección y vigilancia a cargo de Cormacarena.
- Los conceptos emitidos sobre procesos de licenciamiento ambiental para la implementación de proyectos agroindustriales de palma de aceite en el municipio de Mapiripán.
Además, le pidió al Ministerio de Ambiente coordinar una mesa de trabajo con entidades del orden nacional, departamental y municipal, para abordar la problemática ambiental y verificar el estado y condiciones de vida del pueblo indígena.
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La tutela llegó a instancias de la Corte Constitucional, la cual, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés, revisó el caso y decidió revocar la sentencia emitida por el Juzgado Veintiocho de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el cual había declarado inexistencia de motivo suficiente para dar trámite al recurso interpuesto.
Finalmente, le ordenó al Ministerio responder de forma clara, precisa y coherente a todos los puntos de la tutela, en un plazo de dos días, resaltando que dichos puntos aún no han sido resueltos hasta la fecha y que esta omisión tiene consecuencias negativas para la comunidad.
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Sobre las pretensiones de la tutela, cabe destacar que el gobernador del resguardo indígena relató una serie de hechos relacionados con el contexto histórico del pueblo indígena Sikuani, del municipio de Mapiripán (Meta) y, en concreto, con el proceso de titulación de las tierras del resguardo indígena, y con el desarrollo de proyectos agroindustriales de cultivo de palma de aceite en la región de influencia de la comunidad.
El demandante mencionó que, en 1982, se realizó la titulación del Resguardo Indígena de Caño Ovejas en favor del pueblo Sikuani. Sin embargo, manifestó que la extensión del territorio adjudicado (1.720 hectáreas) fue muy inferior al solicitado (89.300), y que no correspondía a los usos y ocupación que ancestralmente ejercían en el territorio.
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Así mismo, afirmó que la comunidad indígena ha realizado múltiples solicitudes de ampliación y restitución del resguardo (en los años 1988, 1994, 2002, 2006, 2007 y 2014), respecto de un territorio de aproximadamente 137.094 hectáreas, en el cual ha desarrollado actividades culturales, caza, pesca, recolección y agricultura itinerante.
Respecto a los proyectos agroindustriales de cultivo de palma de aceite que, desde el 2008, la empresa Poligrow Colombia Ltda. comenzó a desarrollar, en el municipio de Mapiripán, ha generado diversas afectaciones al ambiente de la región:
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- Desaparición de morichales, lugares sagrados de fuentes de agua, con gran importancia para los ecosistemas circundantes.
- Existe un riesgo inminente de perder el recurso hídrico, pues las plantaciones de palma son ecosistemas uniformes que sustituyen los ecosistemas naturales y su biodiversidad, que inciden en el decrecimiento de la producción de agua y modifican la composición de los suelos.
- Existen preocupaciones por las emisiones al aire que se producen por el procesamiento del fruto, debido a que no se tiene certeza de que la empresa cuente con los permisos para tales emisiones. En todo caso, refiere que el humo que tiene origen en la planta ha causado graves afectaciones en la salud de la comunidad Sikuani.
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